Una
acción judicial de tutela laboral acogida a tramitación por el Juzgado
del Trabajo de Punta Arenas, da cuenta lo que piden los trabajadores,
que el Fisco pague una indemnización por daño moral de 10 millones de
pesos a cada uno de los demandantes.
Los
funcionarios de la Secretaría Regional Ministerial de la Mujer y la
Equidad de Género Sylvia Alejandra Ruiz Ovando, Ana Elizabeth Contreras
Barrientos y Blas Enrique Saldivia Bahamonde, patrocinados por el
exseremi de Justicia, el abogado Pablo Bussenius, dan cuenta que el 22
de marzo de 2018 asume como secretaria regional ministerial de la Mujer y
la Equidad de Género de la Región de Magallanes y Antártica Chilena,
María Patricia Mackenney Schmauk. “Ese día, como equipo, nos
presentamos, le dimos la bienvenida y nos pusimos a su disposición. Ya
en los primeros días de trabajo, se generaron situaciones incómodas para
nosotros. La seremi comenzó a efectuar requerimientos reiterados (cada
cinco minutos) de la misma tarea, aun cuando no era posible realizarlas
en los tiempos que ella requería. Cuando la seremi nos instruía realizar
determinadas gestiones, como eran la coordinación de reuniones con
otros servicios, la redacción de documentos, la elaboración de agenda
diaria y semanal, muchas veces no nos daba el tiempo siquiera para
iniciarlas, para a continuación, y a los pocos minutos de habernos
encomendado la tarea, consultarnos si ya estaba lista, consulta que se
repetía insistentemente cada cinco minutos”, señala la demanda.
La
acción laboral en tribunales continúa señalando que “la seremi, además
de no darnos tiempo para terminar lo instruido, efectuaba
simultáneamente nuevos requerimientos, que siempre eran inmediatos, por
lo que constantemente debíamos dejar de hacer lo que estábamos haciendo
para dar cumplimiento a los nuevos requerimientos, no permitiendo con
ello concluir los anteriores. Por otra parte, era habitual que la seremi
interrumpiera nuestras conversaciones, fueran estas laborales y/o
personales, negándonos incluso la posibilidad de conversar entre
nosotros. Se paraba a nuestro lado haciendo solicitudes e indicaciones
aunque estuviéramos hablando por teléfono de temas laborales. Para
luego, una vez finalizados estos llamados preguntar una y otra vez quién
había llamado o con quién se estaba hablando”.
El
relato continúa: “Otra situación de tensión para nosotros era cuando
nos requería la realización de actuaciones y/o procedimientos
incorrectos desde el punto de vista de la práctica y normativa pública,
viéndonos en la obligación de estar consultando permanentemente a
Santiago, para que, por un lado, estuvieran al tanto de la situación y,
por el otro, para tener un respaldo, ya que incluso asesorada, esta no
cumplía con lo que está mandatado para el correcto funcionamiento de los
servicios públicos, pudiendo verse afectado con ello el Servicio.
Sumado a lo anterior, fuimos testigos de cómo la seremi entregaba
información errada a usuarios y medios de comunicación, utilizando
terminología incorrecta o conceptos que no eran los más adecuados, como
la invitación que realizaba a utilizar el “Fono Denuncia”, servicio
inexistente en la institución, lo que podía inducir a error en los
usuarios y transformarse en una situación muy delicada ante situaciones
de verdaderas emergencias, generando con ello situaciones de riesgo para
nuestras usuarias”.
Otra
situación que detalla la acción judicial es que con fecha 30 de agosto,
“somos citados a control médico para evaluación. Informándosenos, que a
pesar que la institución no había tomado ninguna medida correctiva y
que tenían 90 días para responder a la ACHS, tendríamos que presentarnos
a trabajar el día lunes 2 de septiembre, a las 12.30 horas, por media
jornada para retornar con jornada completa a partir del 7 de septiembre.
Noticia que nos abrumó, puesto que a la fecha no se habían tomado las
medidas correctivas por parte del servicio y, objetivamente, no
estábamos en condiciones. Así, y en cumplimiento de nuestras
obligaciones laborales e indicaciones médicas, nos presentamos a
trabajar el lunes 2 de septiembre, a las 12.24 horas. A nuestro ingreso a
las oficinas de la Seremía (sic) fuimos recibidos en la puerta por la
propia seremi, quien mostrándose evidentemente incómoda y descolocada,
tan solo atinó a estirar la mano sin decir siquiera buen día o buenas
tardes. Acto seguido nos dirigimos hasta el reloj control, donde
marcamos nuestro ingreso. Cumplido este trámite, y sin haber podido
todavía dejar nuestras parkas, abrigos y carteras, la seremi nos
solicita que nos ubiquemos en el espacio asignado para reuniones, siendo
sus primeras palabras ‘¿y ustedes..? ¿les dieron el alta?’,
respondiéndole que nos habían dado un ‘alta diferida’, lo que
significaba que durante toda esa semana trabajaríamos media jornada. A
lo que la seremi señala: ‘a mí no me ha informado nadie’ ,’yo no sé de
qué se trata esto’, ‘¿cómo lo vamos hacer?, porque yo ya tengo gente
reemplazándolos, que están ocupando los computadores’, ‘¿cómo
distribuiremos las tareas’, para luego decirnos: ‘vayan a almorzar’ para
consultar en el intertanto a Santiago; moviendo su cabeza de lado a
lado en señal de molestia y desaprobación”.
La tutela laboral fue acogida por el Juzgado del Trabajo de Punta Arenas.