Un
total de 146 personas vinculadas al rubro pesquero se incluyeron en la
demanda colectiva en contra de la Compañía Siderúrgica Huachipato por el
derrame de hidrocarburos en Isla Guarello, a 250 kilómetros de Puerto
Natales.
Los
demandantes son pescadores, buzos artesanales y armadores que operan en
el seno de Última Esperanza. En total solicitan una indemnización de
casi 1.700 millones de pesos por la merma en sus actividades que habría provocado el desastre ambiental.
Además, 19 empresas que suscriben la demanda solicitan el pago de 380 millones de pesos por el daño moral ocasionado.
El desastre
La
Isla Guarello se ubica en el Archipiélago Madre de Dios, a 250
kilómetros al noroeste de Puerto Natales. Desde 1951 Huachipato extrae
minerales de sus tierras y los traslada a su planta siderúrgica en
Talcahuano.
El derrame ocurrió el 19 de abril de 2019. De acuerdo a la demanda, una mala manipulación en las faenas de llenado de combustible provocó que casi 40.000 litros de hidrocarburos y 8.000 metros cúbicos de tierra terminaran en el mar.
La
contaminación de las aguas patagónicas devino en un amplio despliegue
institucional. Concurrieron al sitio de los hechos la Armada, la Fuerza
Aérea, la Superintendencia del Medioambiente y Sernageomin. En paralelo,
se inició una causa penal en el Juzgado de Letras y Garantía de Puerto Natales y un proceso en el Tercer Tribunal Ambiental.
Demanda
En
junio de 2022, 2.426 personas –en su mayoría pescadores y miembros del
pueblo kawéskar– interpusieron una demanda ante la Corte de Apelaciones
de Punta Arenas por infracción a la Ley de Navegación. En esa causa
solicitan una indemnización que suma casi 24 mil millones de pesos y
actualmente están en proceso de verificar la vigencia de los mandatos
judiciales.
El
caso sumó una nueva arista con la demanda que 146 trabajadores de
pesqueras interpusieron ante el tribunal de alzada. Cada recurrente
solicita el pago de entre 10 y 20 millones de pesos por el desastre
ambiental de Isla Guarello.
“Estas
personas han tenido que soportar una franca inactividad laboral. Sus
ingresos mermados producto de estos hechos han generado una serie de
dificultades para ellos y sus familias que van más allá del detrimento
económico”, dice el libelo.
Además,
la demanda está suscrita por 19 empresas dedicadas a la pesca y al
transporte de recursos que habrían visto afectada su imagen comercial.
Cada una solicita el pago de 20 millones de pesos por el daño moral sufrido.
Los antecedentes de la causa fueron remitidos a la ministra Caroline Turner.