Un
total de 8 demandas por Ley Zamudio se han presentado en la Región de
Magallanes desde el año 2012, que entró a regir esta normativa que
establece medidas contra la discriminación, hasta el 31 de mayo de este
año.
La
estadística se enmarca en el octavo aniversario de la entrada en
vigencia de la Ley 20.609, tras una investigación del Movimiento de
Integración y Liberación Homosexual (Movilh) para conocer el impacto de
la norma, teniendo como fuente a cifras oficiales del Poder Judicial
obtenidas mediante la Ley de Transparencia.
El
estudio arrojó que entre las fechas indicadas se han presentado un
total de 465 demandas a lo largo de todo el país, lo que representa un
descenso de un 5,7 por ciento, y cuyo detalle es: Santiago (221),
Valparaíso (48), La Araucanía (31), el Biobío (25), Coquimbo (23), Los
Lagos (20), O´Higgins (17), Arica y Parinacota (13), Maule (11), Los
Ríos (11), Aysén (11), Antofagasta (8), Magallanes (8), Atacama (7),
Tarapacá (6) y Ñuble (5).
En
el territorio más austral del país, el desglose por año es el
siguiente: 2 en 2015: 3 en 2016; 1 en 2017, 1 en 2018 y 1 en 2019, sin
que se registren ingresos durante el presente año.
“Magallanes
ha sido una región que se ha caracterizado por una mayor sensibilidad
con la diversidad social y con un menor prejuicio hacia las personas
LGBTI en comparación con todas las otras regiones del sur de Chile”,
valoró Ramón Gómez, encargado de Derechos Humanos del Movilh.
Pese a lo anterior, aseveró que esta apertura no se ha traducido en una mayor visibilidad de la población LGBTI.
“Aún falta para aquello. No se debe olvidar que las
bajas denuncias por discriminación, generalmente obedecen a que las
víctimas se encuentran contextos que les impiden u obstaculizan alcanzar
justicia, ya sea por temor a represalias o a hacer pública su
orientación sexual o identidad de género. Ello se supera, con más
visibilidad. Animamos a las personas LGBTI de Magallanes a organizarse
por la autorerrepresentación de sus derechos”, agregó.
Categorías generales
De
las 465 demandas cursadas desde 2012 a mayo del 2020, el 29 por ciento
denunció discriminación por discapacidad, el 13 por ciento por
enfermedad, el 12 por ciento por ideología u opinión política, el 7 por
ciento por orientación sexual y el 4 por ciento por identidad de género. El resto se divide entre las otras categorías protegidas por la ley.
“La conclusión más clara y contundente de este rastreo de información
es que la Ley Zamudio se ocupa poco, cada vez se utiliza menos y en
escasas oportunidades, solo en el 23,4% de los casos, los procesos han
terminado en sentencias. Esto viene a decir una vez más que la ley,
desde el punto de vista punitivo, es un león sin dientes que debe
reformarse para que efectivamente cumpla con su propósito”, concluyó el
vocero del Movilh, Rolando Jiménez.