El Juzgado del Trabajo
de Punta Arenas declaró a firme y ejecutoriada la sentencia en contra de
la Tesorería por vulneración de derechos en contra de un funcionario de
esta repartición.
El
dictamen del tribunal exigió a la Tesorería el pago de casi 15 millones
de pesos al demandante, identificado como Juan Castillo Ojeda. También
deberá entregar una carta de disculpa y recomendación, “por haber
lesionado los derechos a la honra y a la no discriminación arbitraria”.
La
no renovación de contrato se produjo a fines de 2019, bajo el mandato
regional de Jorge Altamirano, actual jefe de división del gabinete del
gobernador regional, Jorge Flies.
Uno
de los motivos del despido fue el incumplimiento de las metas de
cobranzas, pero Castillo pudo demostrar que éstas no se correspondían
con la realidad regional en la cual él debía operar.
Consultado
en su momento por este hecho, Altamirano explicó que fue una decisión
del servicio, de la cual el propio organismo se retractó, “pero el
funcionario decidió ir a tribunales”.