Actualmente la Fiscalía de Magallanes y la Antártica Chilena está llevando a cabo el Plan de Persecución Penal en Delitos Sexuales y Explotación Sexual Comercial que afecta a niños, niñas y adolescentes, ya que la zona registra un alto porcentaje de estos delitos, superando las cifras de otras regiones más grandes.
La preocupación del Ministerio Público está fundada, ya que habitualmente se realizan formalizaciones y juicios por algún delito de índole sexual, donde mayoritariamente la víctima es una menor de edad y el imputado un hombre.
Lo anterior, nuevamente quedó en evidencia en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas, ya que en el lugar se controló la detención de dos sujetos que posteriormente fueron formalizados por ilícitos sexuales en contra de dos niñas de 13 años que son vulnerables.
Debido a la gravedad del delito y a que presentan antecedentes por otros ilícitos, ambos quedaron en prisión preventiva.
Trabajo policial
Primero, explicar que la aprehensión fue realizada por detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales Punta Arenas de la Policía de Investigaciones de Chile. Según indicó la institución, la tarde del jueves se realizó una denuncia por el delito de inducir a una menor a abandonar el hogar, en donde se señaló que dos niñas podrían estar siendo víctimas de delitos sexuales.
El jefe de la Brisex Punta Arenas, subprefecto Emilio de Giorgio Maldonado, sostuvo que “a raíz del trabajo investigativo se logró establecer que los imputados habrían contactado a las víctimas a través de redes sociales, para reunirse con ellas y luego llevarlas a un recinto donde les habrían proporcionado alcohol, drogas y, posteriormente, habrían cometido diferentes delitos de índole sexual en su contra”.
En el tribunal
En la audiencia se identificó a los imputados como Mauricio Chávez y Giovanni Saavedra Godoy, de 52 y 39 años respectivamente.
En la ocasión, la fiscal Wendoline Acuña, narró los hechos, indicando que el 1 de febrero del presente año, los imputados se pusieron de acuerdo para comprar droga para su consumo, haciendo uso de una aplicación, por lo que recibieron marihuana en el domicilio que se encontraban.
Posteriormente, Chávez contactó a una de las niñas, cuyo número tenía guardado bajo el nombre de “Muñeca”, con el objetivo de obtener servicios sexuales, a lo cual la menor de edad accedió, pero señalando que iría con una amiga.
Es así que ambas niñas, las cuales comparten domicilio y salieron del mismo sin haber obtenido permiso, se trasladaron hasta el lugar donde estaban los imputados. Luego, los cuatro se dirigieron en automóvil a un motel, donde les pidieron que se retiren porque eran muchas personas, intentándolo y logrando su objetivo en otro recinto.
Es en este contexto, según informó la Fiscalía, es que los imputados suministraron alcohol y marihuana a las niñas.
Luego, ambos imputados solicitaron a una de las víctimas que realizara un baile erótico, lo cual hizo mientras se quitaba la ropa, siendo observada por los dos adultos y la otra menor. En ese momento, Chávez aprovechó de efectuar actos de significación sexual y relevancia, consistente en tocamientos en el cuerpo de la menor de edad.
Antes de dejar a las víctimas en su domicilio, los hombres les entregaron dinero en efectivo, a modo de pago.
A Mauricio Chávez se le atribuyen los delitos, como autor en grado de consumado, de abuso sexual con contacto y sin contacto corporal a persona menor de 14 años, como también obtención de servicios sexuales de personas menores de edad.
A Saavedra, por su parte, se le imputa el abuso sexual sin contacto corporal y obtención de servicios sexuales de personas menores de edad.
Es necesario indicar que la persecutora recalcó la agravante de que el ilícito se hizo estando en grupo.
“El perdón” del imputado
Durante la audiencia, el imputado Chávez insistió en hacer uso de la palabra: “Le pido perdón a esas niñitas, porque están enfermas. Yo soy de la calle, también estoy enfermo psicológico. Y si tengo que dar mi vida para que ustedes mejoren el cuidado de los niños, la doy con gusto. Ellas me presentaron un carnet de identidad, porque yo soy un defensor, estuve acá haciendo actividades con el Ministerio de Defensa de Menor, tuve el apoyo del alcalde, he hecho denuncias de abuso a la PDI, todo lo puedo comprobar. Pero creo que nada, mi drogadicción que me vuelve loco, desde chico, de los nueve años. Y esto es lo que menos acepto y pienso en esta vida que debe suceder, por eso les pido que hagan todo lo posible. Ustedes me dicen ‘¿cómo no te diste cuenta que eran niñas?’, y les juro que no me di cuenta. Soy un influencer que siempre, y lo van a ver cuando yo no esté, lo van a ver en las historias mías porque esto va ser a nivel mundial porque tengo muchos seguidores, todo mi contenido es procurar defender a los niños que hoy día están bajo ataque”.
Agregó que “para mí no existe ninguna justificación, el único castigo que yo acepto, que creo es posible para un abusador de niños, es la muerte, por eso declaro aquí y ahora que no me dejen solo, porque yo me voy a quitar la vida. Tengo problemas psicológicos, nunca recibí tratamiento apropiado, tengo educación, estudié en la universidad para educar a los niños, enseñarles a cuidarse. Toda mi familia son profesores. Estoy en la calle desde los 6 años y nunca en mis 52 años me han relacionado con algún delito de abuso o lesión a algún menor”.
Y añadió: “Yo ya no quiero vivir, no lo puedo soportar. Mi vida ha sido defender a los niños. No podrían derribarme porque soy un guerrero de la luz, pero no sabía cuál sería mi golpe de gracia, no sabía cómo me iban a sacar de este mundo y misión. No podían sacarme, tenían que desautorizarme. Ha sido un show mediático, me utilizaron a mí, una persona buena, que solamente ha contribuido en este mundo. Soy un guerrero y sé que hay otro como yo. Ha sido un golpe tan terrible éste, el cómo jugaron con mi mente para hacerle daño a esas niñas”.
Cabe hacer presente que el Programa Mi Abogado de la Corporación de Asistencia Judicial estuvo presentes como curadores ad litem de las víctimas y adelantaron que presentarán una querella.
Se acordaron tres meses para el cierre de la investigación.