A la cárcel fueron enviados dos sujetos detenidos la mañana del domingo, luego de ser denunciados por la víctima como los autores del delito de un robo con intimidación.
En el Juzgado de Garantía de Punta Arenas, el juez Juan Villa decretó la medida cautelar privativa de libertad, tras escuchar los alegatos de los intervinientes, en el cual la abogada defensora, Vania Cáceres, solicitó la ilegalidad de la detención. Sin embargo, y tras escuchar la solicitud del fiscal Manuel Soto, el magistrado Villa decidió el envío a la cárcel por el delito que se le imputa.
En la audiencia, el representante del Ministerio Público les indicó a ambos imputados que se iniciaba una investigación en su contra por los hechos que ocurrieron la mañana del domingo, en circunstancias que la víctima, un hombre de 50 años aproximadamente, alrededor de las 8.40 horas caminaba por calle Errázuriz y al llegar a la esquina de calle Armando Sanhueza, fue interceptado por los imputados Cristian Felipe Salazar Carrasco, de 37 y Jorge Andrés Aedo Martínez, de 23 años, quienes le exigieron que le entregue sus pertenencias.
Al intentar a huir cayó producto de la escarcha, siendo alcanzado por los agresores que lo amenazaron para que entregue sus pertenencias, entre ellas su teléfono celular, cajetillas de cigarrillos y dinero en efectivo, dándose a la fuga, momentos que el afectado solicitó ayuda, siendo socorrido por personal de la Policía de Investigaciones (PDI) que pasaba por el lugar, encontrando a los imputados en la esquina de las avenidas España con Independencia.
Ante la gravedad del delito, el fiscal Soto solicitó la medida cautelar de prisión preventiva por representar su libertad un peligro para la seguridad de la víctima y sociedad, además de peligro de fuga.
A pesar que la abogada defensora se opuso a la prisión preventiva, alegando que el hecho se originó producto de un altercado, y que no existe un robo con intimidación, lo que para el juez Juan Villa, la declaración fue consistente junto con testigos que fueron los mismos funcionarios de la Policía de Investigaciones, mientras que los imputados tuvieron contradicciones en su declaración.
El plazo para el cierre de la investigación se fijó en tres meses.