Luego
de un juicio laboral en que se condenó a pagar sumas de alrededor de 8
millones de pesos por vulneración de derechos y garantías fundamentales a
un empleador en contra de una trabajadora, su defensa llegó hasta la
Corte de Apelaciones.
El
abogado Marcos Ibacache, representante de Juan Mancilla Oyarzún, dueño
de una cocinería en el segundo piso del Mercado Municipal de Punta
Arenas, señaló que “efectivamente hubo un fallo que lo condena a pagar
ciertas prestaciones por una supuesta vulneración de derechos. Sin
embargo, este fallo es de primera instancia, y esta demanda que era de
cerca de 30 millones de pesos, el tribunal laboral acogió parcialmente,
ya que existió una excepción de finiquito, donde la trabajadora
previamente había firmado un finiquito. Se interpuso un recurso de
nulidad, toda vez que la sentencia adolece de varios vicios que la Corte
de Apelaciones deberá conocer y revisar, ya que aquí no existió
vulneración de derechos, solo esta “palmada en los glúteos” como dice el
fallo, no existiendo otra conducta, y creemos que el fallo erradamente
considera de la gravedad suficiente para vulnerar los derechos de la
denunciante. En definitiva buscamos que no se acoja la demanda de
vulneración de derechos y despido injustificados, ya que la única prueba
es un video que la misma trabajadora obtuvo de manera intencional,
grabando de forma secreta y trata de recriminar a mi representado que de
ninguna manera el no reconoce ni admite estos hechos”.