En primera instancia,
el Tercer Juzgado de Letras de Punta Arenas había sentenciado que el
Fisco pagara 100 millones de pesos por conceptos de daño moral. Sin
embargo, la cifra fue rebajada por el tribunal de alzada a partir de un
recurso de nulidad del Consejo de Defensa del Estado (CDE).
La
indemnización puede disminuir si el CDE recurre a la Corte Suprema. A
través de una declaración pública, el Estudio Jurídico Arcos –que
representa a la víctima de torturas– señaló que esto “violenta por
completo los tratados de Derechos Humanos ratificados por Chile,
especialmente la Convención contra la Tortura”.
La
declaración añade que “hablamos de una víctima de violaciones a los
Derechos Humanos que no ha sido reparada íntegramente por los daños que
ha sufrido, y claramente estos anuncios constituyen un acto innecesario
de revictimización por parte de un organismo público del Estado”.