Una
audiencia de preparación de juicio oral se desarrolló durante la mañana
de ayer en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas, pero por medio de la
modalidad telemática debido a la pandemia, instancia en la cual tanto
el Ministerio Público como la parte querellante está acusando a un
imputado como autor del delito de abuso sexual en grado de reiterado, en
hechos que acaecieron hace cinco años aproximadamente y donde la
víctima era menor de edad.
Según
los antecedentes vertidos en la respectiva acusación, en fechas
indeterminadas entre los años 2015 y 2016, cuando la víctima de entonces
11 a 12 años a esa época, se quedaba a solas en su domicilio emplazado
en el sector sur de Punta Arenas, al cuidado de su padrastro, el acusado
identificado por las iniciales J.A.M.R., quien ejecutaba con la niña
diversas conductas de connotación sexual, ofreciéndole estímulos como
regalarle un celular para que ella accediera a sus peticiones, entre
otros comportamientos y exigencias, que a ella no le gustaba pero que
terminaba aceptando por miedo, debido a los constantes actos de
violencia física ejercidos hacia ella.
Estas
situaciones también se pudieron constatar en una fecha cercana al año
nuevo de 2017, donde el imputado realizó conductas inapropiadas en
contra de la menor de edad, como también durante el transcurso de ese
mismo año.
A
raíz de todo lo anterior, el sujeto fue formalizado y le fueron
impuestas las medidas cautelares de arresto domiciliario nocturno y
prohibición absoluta de acercamiento a la víctima y de contactarse con
ella, las cuales se mantienen vigentes actualmente.
Fiscalía pide 6 años y el querellante 10
Al
respecto, el abogado querellante del Programa de Representación
Jurídica (PRJ) Tus Derechos, Diego Muñoz Maldonado, aseguró que en este
caso se invocaron dos circunstancias modificatorias de responsabilidad
penal, las cuales agravarían la pena en caso de ser condenado el
acusado, las cuales son el parentesco –que también invocó el Ministerio
Público-, y en forma autónoma se pidió que reconocer el abuso de
confianza como otra agravante.
“Fuimos
curadores ad litem de la menor en el Tribunal de Familia, y como esta
vulneración es constitutiva de delito, además ejercemos su
representación en sede penal. Respecto de este proceso, desde el año
2019 que la niña se encuentra ingresada en nuestro programa,
acompañándola en distintas instancias de sus procesos de carácter
legales, manteniendo a la familia siempre informada, específicamente en
relación a la situación procesal en la cual se encuentra la causa, y
esperamos que efectivamente se logre una condena que permita que la niña
acceda a la justicia de carácter reparativa y en el fondo que el
Tribunal Oral en lo Penal de Punta Arenas acoja nuestras pretensiones
punitivas”, manifestó el profesional letrado.
De
este modo, el ente acusador está solicitando que al imputado se le
imponga una pena máxima de 6 años de encarcelamiento. Sin embargo, acá
existiría un criterio diferente con el abogado querellante, ya que –tal
como se mencionó previamente- él está pidiendo que se reconozcan dos
agravantes, motivo por el cual pretende que los magistrados orales
condenen al padrastro imputado a la pena de diez años de cárcel
efectiva.