Será
en un juicio oral donde se resolverá si Juan Soto Mancilla es condenado
o absuelto de estafar a tres víctimas por 184 millones de pesos. Tras
no arribarse a un acuerdo reparatorio, una de las causas que enfrenta
pasó al Tribunal Oral en lo Penal de Punta Arenas, cuyos jueces pueden
condenarlo en última instancia hasta a 10 años de cárcel.
Según
la acusación del Ministerio Público, el acusado sedujo a los afectados
con un negocio de suministro de insumos al Hospital Clínico de
Magallanes a través del sistema Chile Compras. Los convenció con la
fiabilidad del negocio y en las utilidades que reportaría presentándose
como un conocedor del rubro.
Las
tres víctimas le entregaron entre 46 y 84 millones de pesos. Para
garantizar el pago de las supuestas ganancias, pasaron cheques con fecha
a 2018. De este modo, si el negocio no prosperaba los cheques cubrirían
lo invertido.
Cuando
los cheques se aprontaban a vencer, el acusado habría tomado contacto
con sus víctimas para que no hiciesen los cobros. Les dijo que el
hospital tenía retrasos en el pago a sus proveedores.
El
engaño provocó que los cheques caducasen. Los perjudicados intentaron
cobrarlos, pero eran protestados por falta de fondos. El banco les
informó que la cuenta corriente del acusado fue cerrada e intentaron
obtener su dinero en el tribunal civil. Sin embargo, Soto Mancilla
desconoció la deuda y la firma que puso en los cheques.
De
acuerdo con el Ministerio Público, “el supuesto negocio de venta y
suministros de insumos médicos al Hospital Regional de Magallanes era
inexistente. Solamente se usó como herramienta de engaño para mover a
error a la víctima y que esta hiciera la disposición de su dinero sin
existir el negocio”.
El
propio recinto asistencial comunicó a través de un oficio que “el
imputado no ha realizado adjudicación de compras de insumos médicos con
el hospital clínico ni este con ninguna sociedad o empresa en que figure
él como representante”.
La
Fiscalía solicita una pena de cinco años de cárcel por estafa
reiterada. En el juicio testificarán las tres víctimas y funcionarios de
Brigada de Delitos Económicos de la PDI, entre otros.
A juicio de la parte querellante, al acusado le perjudica la agravante de abuso de confianza y pide 10 años de prisión.
La
defensa se presentará al juicio con prueba propia. Exhibirán a los
jueces el listado de pagos que realizó Soto Mancilla a las víctimas y
una serie de cartolas bancarias.
Con la causa elevada al tribunal oral, el imputado –que cumple con
arresto domiciliario total– tendrá que esperar fecha para la audiencia
de juicio. En paralelo aguarda otra formalización por estafa para fines
de diciembre.