Un
acuerdo entre el Ministerio Público y la defensora Anaís Araneda
permitió la mañana de ayer que un sujeto acusado de perpetrar un robo
por sorpresa, o como coloquialmente se denomina “lanzazo”, recuperara su
libertad a la espera del juicio en su contra que está agendado para
realizarse el 14 de enero de 2021.
Cabe
recordar que según la acusación, el hecho aconteció pasado el mediodía
del 15 de enero de este año, cuando la víctima caminaba por calle Arturo
Prat y al llegar a la intersección con calle Boliviana, en forma
sorpresiva fue abordado por el imputado identificado como Ángel Robert
García García y otro individuo, quienes en ese instante lo tomaron por
la espalda, le revisaron sus prendas de vestir, y le sustrajeron un
teléfono que portaba en el bolsillo izquierdo de su chaqueta, como
también la suma de 15 mil pesos.
Tras
lo anterior, ambos imputados huyeron, momento en que el afectado le
solicitó a una vecina que le facilitara un celular con el cual solicitó
la concurrencia de Carabineros, los que lograron dar con los
antisociales, siendo éstos detenidos.
En
este caso, el ente persecutor invocó la circunstancia agravante de
haber cometido el delito mientras cumplía una condena, solicitando la
pena de cuatro años de presidio.
Fianza para asegurar comparecencia
Sin embargo, en la audiencia de revisión de medidas cautelares que se efectuó ayer,
la abogada le solicitó a los jueces del Tribunal Oral en lo Penal
modificar la prisión preventiva por un arresto domiciliario total,
además del arraigo regional y la prohibición de acercarse a la víctima,
debido a que el encarcelamiento de su representado se había decretado
por existir un eventual peligro para la seguridad de la sociedad.
Asimismo,
con el fin de asegurar la comparecencia de García García al juicio oral
propuso una caución o fianza de 350 mil pesos, con el fin de cautelar
un eventual peligro de fuga.
En
el mismo contexto, y ya habiendo establecido el acuerdo previamente, el
fiscal Sebastián González manifestó que el martes se cumplieron ocho
meses desde que el acusado fue enviado a la cárcel, que no se trataría
de un delito violento y la lejanía de cuatro meses con la que se fijó el
juicio oral.
“Nosotros
entendemos y hemos conversado con la defensora respecto a que estas
medidas propuestas por ella cautelarían el peligro para la seguridad de
la sociedad que implicaría la libertad de Ángel García y entendemos que
el resto de las medidas dan suficiente garantía para asegurar la
seguridad de la víctima, quien por sus labores de trabajo no se
encuentra permanentemente en esta ciudad”, aseveró el persecutor.
Debido
a lo anterior, los magistrados Julio Álvarez, Guillermo Cádiz y Jovita
Soto deliberaron por algunos minutos y resolvieron acceder a lo pedido
por la defensa, decretando la libertad del imputado, y se consignó que
el monto establecido como fianza fue pagado minutos después de la
respectiva audiencia.