Ayer,
el Juzgado de Garantía ordenó que el alcalde de Punta Arenas, Claudio
Radonich, fuese sobreseído del delito que le imputaron por apropiarse de
cotizaciones previsionales. De acuerdo con la empresa afectada, la
Isapre Banmédica, los dineros ya fueron pagados.
El
edil fue formalizado a mediados de julio junto al exsecretario general
de la Corporación Municipal de Punta Arenas (Cormupa), Segundo Álvarez.
De acuerdo con el Ministerio Público, entre septiembre de 2019 y octubre
de 2020, la entidad descontó desde las remuneraciones de sus
trabajadores casi 44 millones de pesos. Los dineros tenían que ser
pagados a Banmédica, que era la previsión donde estaban inscritos los
funcionarios de la corporación.
La
isapre se querelló contra el alcalde –que es presidente de la Cormupa– y
Álvarez. En marzo, patrocinantes desistieron de la acción, porque a
esas alturas la deuda ya estaba pagada.
En
la formalización se tenía que explorar una salida alternativa, pero los
querellantes se ausentaron a la audiencia. La fiscalía continuó con la
persecución penal e imputó cargos a las autoridades por apropiación de
cotizaciones previsionales.
Ayer,
el alcalde Radonich –que se conectó desde las oficinas municipales– y
Álvarez volvieron a comparecer ante el tribunal. Esta vez sí se presentó
el querellante e informó al juez que las cotizaciones ya fueron
pagadas, lo que permitió que el juez Juan Villa ordenase el
sobreseimiento para ambos.
Las otras causas
El alcalde y el exsecretario general son objetos de otra investigación por malversación de caudales públicos.
La causa se remonta a la administración de Emilio Boccazzi. El 2016,
los gremios de profesionales de la educación se querellaron en contra
“de todos quienes resulten responsables” por no recibir sus créditos
sociales en la caja de compensación.
A
mediados de julio se interpuso una nueva querella en contra de Radonich
y Álvarez. La presidenta del directorio comunal, Alicia Aguilante,
acusa que ambos incurrieron en apropiación indebida de cotizaciones, de
dineros y malversación de caudales públicos, pues no les pagarían las
cotizaciones de seguridad social.
El
tribunal fijó una audiencia de formalización para el 2 de noviembre,
pero el fiscal Sebastián González –especializado en delitos de alta
complejidad– pidió reagendarla. “En esta causa faltan antecedentes
necesarios por obtener para proceder a comunicar cargos”, dice en su
petición.