Ayer,
se realizaron los alegatos en la reclamación interpuesta por Alejandro
Riquelme, contra la resolución de la Superintendencia del Medio Ambiente
(SMA) que puso término al procedimiento de requerimiento de ingreso y
archivó la denuncia por la presunta elusión al Sistema de Evaluación de
Impacto Ambiental (SEIA) del proyecto “Estudio Hidráulico y Mecánico
Fluvial Río Las Minas y Dimensionamiento Obras de Control
Sedimentológico Punta Arenas” que ejecuta la Dirección de Obras
Hidráulicas (DOH) del Ministerio de Obras Públicas en la capital de la
Región de Magallanes.
En
la audiencia ante el Tribunal Ambiental de Valdivia, el reclamante
sostuvo que el proyecto debe ser sometido a evaluación ambiental, ya que
el volumen de material ya movilizado en las obras supera los 100 mil
metros cúbicos establecidos como umbral en el reglamento del SEIA. Según
el reclamante, la SMA acogió una interpretación de la DOH que se escapa
a la normativa y que resta del total del material movilizado las obras
correspondientes a conservación, retiro de rellenos ilegales e
incorporación de material proveniente de una cantera que cuenta con
Resolución de Calificación Ambiental.
De
acuerdo al reclamante, este cálculo sería improcedente, ya que no
existiría argumento legal para aquellas distinciones; y alegó que la SMA
debe considerar la movilización de todo el material que impactaría en
el cauce, por lo que el proyecto debe ingresar al SEIA.
Por
su parte, la SMA desestimó los argumentos del reclamante y señaló que
su resolución se ajusta a derecho. Según el organismo fiscalizador, la
normativa busca proteger el cauce natural del río Las Minas, por lo que
resulta procedente descontar del cálculo final de material movilizado
aquellas obras que no alterarán sus condiciones, como las obras de
conservación y el retiro de rellenos ilegales.
El organismo fiscalizador sostuvo
que advirtió a la DOH que el proyecto deberá ingresar al SEIA si
ejecuta la barrera transversal correspondiente a las obras de control
sedimentológico 3 del proyecto, pues en ese caso superaría el límite de
material a movilizar sin evaluación ambiental; pero la propia DOH aún no
resuelve si ejecutará dicha obra.