De manera casi sorpresiva, en diciembre del año pasado el Ministerio Público informó que el defensor penal público de Puerto Natales, R.A.M.A, será formalizado por cohecho reiterado.
El funcionario asumió el cargo el 1 de julio, mientras que los ilícitos se habrían cometido el 28 de agosto de 2023 y 27 de septiembre del mismo año, en el territorio jurisdiccional del tribunal natalino. Con ello, se concluye que el delito se cometió a los dos meses de estar en el puesto.
Después ser revisado por la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, finalmente se estableció que la formalización sea el 21 de febrero de 2024, a las 9,45 horas, en el Juzgado de Letras y Garantía de Puerto Natales.
En espera
La fecha finalmente arribó y los detalles del supuesto ilícito, como también la resolución del tribunal, tendrán que esperar porque el imputado presentó licencia médica. Igualmente, se presentó el patrocinio para que lo defienda un abogado particular, cambiando lo establecido originalmente, lo cual era ser representado por un profesional de la Defensoría Penal Pública.
“El Ministerio Público pretendía formalizar al exdefensor penal público de la localidad de Puerto Natales, por delitos reiterados de cohecho. Todo esto desgraciadamente no se pudo llevar a cabo, todo porque el exdefensor presentó una licencia médica. En ese sentido, nosotros si bien solicitamos que se despachara una orden de detención en su contra, no fue acogida por el juez de turno. En esas circunstancias, se fijó audiencia de formalización para la próxima semana. El magistrado señaló que la próxima vez, el exdefensor debe comparecer sí o sí. Ya sea presencial o por videoconferencia”, explicó el fiscal jefe de Punta Arenas, Sebastián González.
“En cuanto se tuvo conocimiento de la citación a audiencia de formalización de cargos en contra del abogado, la Defensoría Penal Pública tomó la determinación de iniciar un sumario administrativo y, en el marco de este sumario, suspender de su cargo al exdefensor y con posterioridad se resolvió no renovar su contrata. Esto, debido a que la gravedad de los hechos imputados, pudieren afectar directamente a las personas a quienes representamos y, por cierto, también, a quienes trabajamos día a día en la DPP con irrestricto apego a la ley, la ética y la probidad”, comentó por su parte la defensora regional, Verónica Cea Reyes.
La audiencia de formalización se fijó para el 28 de febrero.