Por
una orden de detención, la mañana de ayer fue arrestado un individuo de
38 años cerca de la tenencia carretera de Carabineros en el sector de
Kon Aiken, cuando éste retornaba a Punta Arenas. Ya durante la tarde, se
efectuó por videoconferencia la audiencia de control de detención en la
cual el Ministerio Público formuló cargos en su contra por el delito de
estafa.
Según
los antecedentes expuestos en la audiencia por el fiscal Fernando
Dobson, el hecho ocurrió durante el año 2018 cuando la víctima de
iniciales R.D.M.D. contactó al imputado identificado como Hernaldo
Francisco Campos Mellado, quien señaló poder importar vehículos
provenientes desde Estados Unidos, indicando tener contactos y los
medios para efectuar dicho procedimiento.
Debido
a aquello, consiguió que el afectado le deposite la suma de 10 millones
de pesos con la finalidad supuesta de que éste trajera a la ciudad de
Punta Arenas una camioneta marca GMC doble cabina, año 2015,
manifestándole a la víctima que aquella suma correspondía al valor del
vehículo.
Fue
así que confiando en dicha información y en base a otros datos que el
imputado le fue entregando al comprador interesado, es que éste último
le confirió el monto que le fue solicitado el 5 de marzo de 2018, a
través de un cheque proveniente de su cuenta corriente, que una vez
cobrado lo deposita en su propia cuenta bancaria.
Una
vez obtenido el dinero, la gestión de traída de la camioneta a Punta
Arenas nunca se verificó, ocurriendo que en el transcurso de los meses
sucesivos, Campos Mellado entregó una serie de excusas al afectado
respecto a la demora de internación del móvil, tales como que el
vehículo debía ser fumigado, problemas con aduanas y una serie de
situaciones que en definitiva significaron que el vehículo nunca
llegara.
También
se consignó que el imputado gastó el dinero entregado por la víctima en
otros negocios, perjudicándolo y que nunca vio restituido tras la
compra no efectuada.
Respecto
a lo anterior, el persecutor solicitó al magistrado Juan Villa la
imposición de la medida de arraigo regional. No obstante, el defensor
particular Jorge Vidal aseguró que su representado desempeña labores en
otras regiones y constantemente tiene que viajar, por lo cual el juez de
Garantía decretó como cautelar la prohibición de salir del país,
estableciendo como plazo 90 días para el cierre de la investigación.
Asimismo,
se programó una audiencia con la finalidad de que ambas partes lleguen a
un acuerdo reparatorio para el día 2 de septiembre, a las 9.30 horas.