Ante
la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, profesionales del Programa “Mi
Abogado”, presentaron un recurso de protección en representación de una
adolescente vulnerada y en contra del Servicio de Protección
Especializada a la Niñez y Adolescencia (SPE) de la Región de
Magallanes, representado legalmente por Jéssica Rivera, dice el escrito.
Expresan
que la representada tiene 15 años y sujeta a medida de protección por
más de seis años, estando ingresada en la Residencia de Vida Adolescente
(RVA) Magallanes, es decir, bajo el cuidado del Estado, transitando por
todos los programas tanto ambulatorios como residenciales existentes en
la región. Sus vulneraciones la llevaron a ser internada en la Unidad
Hospitalaria de Cuidados Intensivos en Psiquiatría Infanto Adolescente,
por más de 100 días a la fecha, a la espera de una oferta programática
de Mejor Niñez que pueda cubrir sus necesidades y se adecue a sus
requerimientos para resguardar su integridad física y sicológica.
Recalcan
que el servicio entregado no era adecuado, ya que la joven realizaba
salidas no autorizadas perdiéndose su rastro por varios días, al punto
que “ha sido víctima en 64 causas registradas en Fiscalía, por delitos
sexuales, maltrato relevante, lesiones y una infinidad de presuntas
desgracias”, expone el documento.
Se
procede a explicar que la joven tiene una condición mental
diagnosticada, impidiéndole valorar el riesgo respecto al consumo de
drogas y tampoco a los contextos de Explotación Sexual Comercial de
Niñas, Niños y Adolescentes (Escnna), saliendo constantemente a la
calle, juntarse con pares negativos y vincularse con adultos para
conseguir sus objetivos y expuesta a múltiples transgresiones en la
esfera de la sexualidad.
Se
informa que su abuela paterna cuida de ella, sin embargo, no tiene las
herramientas suficientes para mantener el control de la adolescente.
Por
todo lo anterior, que el médico psiquiatra tratante indicó que la joven
debía ser trasladada a un centro residencial, para tratar sus
adicciones a sustancias, bajo estricta supervisión, con rutinas diarias y
dinámicas que le puedan dar estabilidad para resguardar
su integridad y, finalmente, pueda tener un tratamiento favorable y
“que en la región se habían agotados las ofertas programáticas para
ella”.
Intento fallido
Agrega
a los antecedentes que en una reciente audiencia, se decretó el ingreso
de la joven al RVA Chillán, PAI Padre Chango, por seis meses, ordenando
buscar la manera que la abuela o algún profesional se encargue de la
asistencias personal de la adolescente en ese tiempo. Mejor Niñez Ñuble
responde y recomienda ingresar a la joven a un dispositivo ambulatorio,
lo cual se acoge y se ordena por el Tribunal.
La
curaduría de la adolescente no se opuso y en una actitud que los
demandantes consideran como insólita, transcurrido casi un mes de la
audiencia, Mejor Niñez Ñuble cambia y responde que no hay cupo y que
frente a un eventual abandono del centro de tratamiento, es mejor que la
menor se mantenga ingresada en RVA Magallanes.
Ante
ello, el escrito procede a preguntarse las formas de comunicación de
Mejor Niñez entre regiones, recalca lo agotador del proceso burocrático y
que la internación de la joven sin tener respuesta por más de 100 días,
es nuevamente una vulneración de sus derechos. “Lamentablemente desde
2018, hemos fallado como instituciones a cargo de brindarle ayuda y
tratamiento de salud mental efectivo, provocando una serie de nuevas
situaciones de riesgo y que finalmente termina siendo nuevamente
vulnerada. (…) No estamos en contra del traslado, sino que éste se
realice con un acompañamiento presencial de programa de SPE o personal
24/7, y no es un mero capricho de esta curaduría, sino que es el
resultado de una serie de reuniones de coordinación con los
intervinientes e incluso con SPE, compromisos que posteriormente no
cumplen basándose en una serie de respuestas de orden administrativo,
dejando de lado la ley, órdenes judiciales y acuerdos previos”, destaca
el escrito.
Es
así que los abogados solicitan a la Corte que se ordene a Mejor Niñez,
la contratación “profesional 24/7 para que pueda activarse ante una
salida no autorizada”. El motivo es que los demandantes
consideran que la respuesta entregada por SPE, en orden a ingresar a la
joven al OPD de Ñuble, “es completamente insuficiente para el apoyo y
entrega de herramientas de contención hacia nuestra representada,
especialmente por lo señalado por profesionales de Padre Chango, quienes
manifiestan concretamente que son un centro de tratamiento por consumo
de sustancias y en ningún caso un centro residencial de protección y que
ante salidas no autorizadas el protocolo es hacer una denuncia por
presunta desgracia”, concluyen.
Es
necesario indicar que esta es la misma joven que el Tribunal ordenó a
Mejor Niñez ingresar a una clínica para el tratamiento de adicción a las
drogas, lo cual no se hizo, provocando que el Programa “Mi Abogado”
presente una querella por desacato.
De
igual forma, la menor también es víctima del caso publicado el martes
30 de mayo de 2023, donde un sujeto le dio cocaína, alcohol, dinero, le
prometió un celular para tener relaciones sexuales con ella e, incluso,
le tomó fotos desnuda.