Será ante tres
jueces y en un juicio de fondo donde se resolverá el destino procesal
de Melquisedec Henríquez Loyola, un funcionario de Carabineros que está
acusado por presuntos apremios ilegítimos. Ayer se preparó el auto de
apertura para que el Tribunal Oral en lo Penal de Punta Arenas se
pronuncie si es condenado o absuelto.
La
Fiscalía intentará demostrar acreditado el delito que habría ocurrido
el 22 de octubre del 2019. En pleno estallido social, la Plaza de Armas
Muñoz Gamero era foco de protestas y Carabineros detuvo a un grupo de manifestantes por desórdenes públicos.
La víctima
–un joven de 18 años– estaba entre los arrestados. Lo trasladaron a la
comisaría y ahí se encontró con el imputado, un cabo primero que estaba a
cargo del registro. Según la acusación del fiscal, forzó al afectado a
bajarse sus pantalones y ropa interior. Después le ordenó que se
agachase contra la pared e hiciese sentadillas semidesnudo.
“Dichos
desnudamientos están absolutamente prohibidos en los procedimientos de
registro de vestimenta de las personas detenidas, según la circular
1.832 Sobre Uso de la Fuerza y también de acuerdo a los estándares
internacionales de derechos humanos”, dice la acusación.
El Ministerio
Público cuenta con cinco testigos y dos peritos del Servicio Médico
Legal para acreditar un eventual ilícito. Solicitan una pena de tres
años de cárcel, accesorias y el pago de las costas de la causa.
Ayer
la defensa hizo propia la prueba del Ministerio Público y añadió a
cinco testigos. Según el abogado Jaime Ovando, se trata de funcionarios
de la Primera Comisaría que declararán sobre “los hechos de la
acusación, participación del acusado y todo lo que sepan sobre la
ocurrencia de los mismos”.
Además, la Defensoría Penal Pública incluirá como medio probatorio el acta de estado de salud del detenido y una metapericia.