Un
carpintero se querelló porque sufrió la pérdida de visión de unos de
sus ojos tras un accidente laboral. Acusa ser víctima de un cuasidelito
de lesiones graves y pide que los responsables sean condenados con el
máximo de las penas.
El
hombre trabajaba para el Departamento de Bienestar Social de la Armada
en Cabo de Hornos. El 25 de noviembre de 2019 realizaba labores de
desarme al interior de una casa fiscal en Puerto Williams. En el techo
se encontraba el electricista, quien debía bajar para realizar el saque
de enchufe y timbre.
Mientras
esperaba la llegada de su colega, la víctima recibió un fuerte impacto
en el costado derecho de su rostro. Se llevó las manos a la cara y vio
que sangraba. Un compañero le preguntó qué pasó, pero el carpintero cayó al suelo y perdió el conocimiento.
Según
la querella, “el accidente se produjo porque un cabo primero de la
Armada que participaba en las faenas. golpeó la pared con una
barretilla sin avisarme de este hecho para haber podido tomar los
resguardos pertinentes”, lamenta el afectado.
La
víctima fue trasladada en carro fiscal al Hospital Naval de Puerto
Williams. La gravedad de sus lesiones obligó a que fuese aeroevacuado a
Punta Arenas, donde lo intervinieron quirúrgicamente. El equipo médico
encontró restos de cemento en su globo ocular –que se había partido en
dos– y perdió la visión del ojo derecho.
El
carpintero ha sido operado tres veces; la última en diciembre de 2020,
cuando le instalaron una prótesis. Desde el accidente se mantiene en licencia médica, la que fue interrumpida brevemente cuando fue a declarar ante la Armada.
“Este accidente ocurrió porque uno de los funcionarios comenzó a realizar trabajos riesgosos en la pared donde
me encontraba parado. Además, no teníamos ningún tipo de implemento de
seguridad, situación que estaba en conocimiento de las autoridades del
departamento y que nunca fueron solucionadas”, dice el albañil.
La
querella fue acogida a trámite por el Juzgado de Letras y Garantía de
Cabo de Hornos. Solicita al Ministerio Público que de una orden de
investigar a la PDI y que se oficie al Servicio Médico Legal (SML) para
que evalúe las lesiones sufridas. Además, pide que se cite a declarar a
todos quienes participaron en la construcción de la casa fiscal.