Desde el 9 de diciembre de 2019, la Fiscalía Regional de Magallanes lleva adelante una investigación vinculada a la caída del avión Hércules C-130, perteneciente a la Fuerza Aérea de Chile (FACh) al Mar de Drake, cobrando la vida de 38 pasajeros y tripulación, civiles y militares, mientras viajaba desde Punta Arenas hacia la Antártica, específicamente a la Base Aérea Presidente Eduardo Frei, con una misión multipropósito, en el marco de la Campaña Antártica de la FACh.
Lo anterior, hizo que los representantes de las víctimas interpusieran múltiples querellas por presuntos cuasidelitos de homicidios reiterados, incumplimiento de deberes militares y delitos del Código Aeronáutico.
En este caso, el excomandante en jefe de la IV Brigada Aérea de la FACh, general (r), Eduardo Mosqueira Cruz y los oficiales, Julio Ojeda Puig, Marcelo Mella Bertetti y Allan Asenjo Contreras, tuvieron que someterse al proceso judicial y fueron formalizados por cuasidelito de homicidio.
Estos tres imputados quedaron con la medida cautelar de prohibición de salir del país y firmar mensualmente un libro de control en la Fiscalía más cercana a sus domicilios.
Igualmente, el funcionario de la FACh, Emanuel Carrasco, fue formalizado en agosto de este año, por el delito del artículo 198 del Código de Aeronáutica, que consiste en entregar información falsa. El Ministerio Público identificó la irregularidad, ya que el día de los hechos el imputado, en ejercicio de sus funciones, se encontraba vigilando el tráfico aéreo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, y se le consultó por la posición que tenía la aeronave. El sujeto indicó que lo veía llegando a la Antártica, cosa que no era verdad, porque el avión, según los antecedentes, ya había capotado en el mar.
Carrasco quedó con la medida cautelar de arraigo y firma mensual.
Nueva audiencia
Ayer en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas se realizó una audiencia, en donde se discutió las medidas cautelares de los primeros tres imputados y el plazo de investigación.
“La defensa había pedida la revocación de las medidas cautelares, pero la Fiscalía se opuso, atendido a la gravedad de los hechos y la dinámica de comisión del ilícito. El Tribunal acogió la petición de la Fiscalía y rechazó la petición de la defensa, manteniéndose así las medidas cautelares personales, respecto a los imputados. Adicionalmente, la Fiscalía solicitó la ampliación del plazo de investigación, originalmente se habían otorgado ocho meses, no obstante, por la complejidad de la investigación, el hecho de ser 38 víctimas, se necesita ampliar el plazo de investigación. El Tribunal acogió la petición de la Fiscalía y se entregó un plazo adicional de ocho meses. Es muy importante esto porque, si bien es cierto que el Ministerio Público no puede asegurarle un resultado a las víctimas y a la comunidad, ésta es una tragedia nacional, por lo que sí se puede asegurar que vamos a hacer una investigación completa y exhaustiva, para poder otorgar una certeza a los familiares de las víctimas”, dijo el fiscal regional de Magallanes, Cristián Crisosto, quien es el encargado de liderar la investigación del caso Hércules C-130.