Durante
la jornada del martes se dio a conocer que tras seis años la Fiscalía
Regional de Valparaíso decidió no perseverar en la investigación contra
34 personas vinculadas al denominado ‘caso SQM’. Eran indagadas por su
presunta participación en el financiamiento irregular de campañas
políticas que involucró a dicha minera y a otras empresas.
Al
ser consultados algunos abogados de Magallanes respecto de la
determinación del Ministerio Público, estos expresaron su malestar.
El
abogado Claudio Morán señaló que no continuar con la investigación se
basa en una decisión política, argumentando que “la decisión de la
Fiscalía se basa en que los supuestos delitos son de índole tributaria y
la ley no permite investigar sin denuncia o querella del SII. Hubo una
decisión política de no perseguir por parte del Estado porque en SQM
caía toda la clase política y era preferible taparlo”.
El
exseremi de Justicia Pablo Bussenius también criticó la decisión. “Al
igual que a muchos chilenos, me resultan indignantes estas noticias.
Quiero creer que estas no son más que las últimas expresiones de un
Chile que se resiste a morir, de ese Chile de privilegios, abusos e
impunidad, del cual todos nos cansamos y rebelamos. De allí la
importancia del momento constituyente en que nos encontramos, de tener
un nuevo pacto social y político que termine con estas lógicas y que
cambie la estructura de desigualdad existente. Asimismo, nos habla de la
urgente necesidad de repensar nuestro sistema de persecución penal en
nuestro país, que derechamente asegura la impunidad de los poderosos y
que criminaliza tanto la pobreza como la protesta social”, dijo
Bussenius.
En
tanto, el abogado Juan José Arcos manifestó que “es lamentable que en
Chile existan personas y grupos privilegiados y que por otro lado haya
sectores políticos cómplices que guardan silencio cuando sus socios son
los corruptos o los que hacen valer privilegios. Uno quisiera oír una
crítica transversal de todos los sectores políticos ante los hechos en
virtud de los cuales exministros de Michelle Bachelet están siendo
beneficiados pese a haber cometido graves actos de corrupción. Un
parlamentario comunista es privilegiado por un tecnicismo legal del todo
improcedente, y más encima tiene la desfachatez de hacer valer su fuero
cuando lo que esperaría la comunidad es un acto de transparencia, como
la renuncia al fuero parlamentario para ponerse a disposición de los
tribunales y responder por sus actos. Claramente vemos que hay sectores
políticos que callan cuando son sus socios los corruptos y los que
reciben privilegios; a veces pareciera que es una letra muerta la norma
constitucional que señala que todos somos iguales en dignidad y
derechos. Claramente hay una izquierda que tiene una suerte de inmunidad
que le permite efectuar actos de corrupción y de abusos sin que nada
les pase”.