Roberto Hernán Rodríguez Silva fue sometido a un juicio, porque se le acusó del delito de apropiación indebida de cotizaciones provisionales y de salud.
El acusado es representante legal de Inversiones Australes SpA, y básicamente lo que sucedió, fue que la empresa no pagó las cotizaciones provisionales y de salud, provocando la renuncia e incluso el despido de trabajadores. Por esta situación, 33 trabajadores recurrieron a los Tribunales para resolver el conflicto, lo cual llevó a cabo el Juzgado de Letras y Trabajo de Punta Arenas, y últimamente el Tribunal Oral respecto de la responsabilidad penal.
La empresa Inversiones Australes SpA, en relación a los 33 trabajadores querellantes, adeuda a las instituciones de previsión social y de salud, cantidades que van desde los 700 mil pesos a más de dos millones de pesos, y que en total suman 55 millones de pesos.
Cabe explicar que la empresa se adjudicó el contrato del servicio de locomoción colectiva en Punta Arenas entre 2017 y 2020, dándose a conocer como Vía Austral. Tenía un convenio de subsidio con el Ministerio de Transportes, el cual le aportaba una cantidad de dinero, el cual según dijo el representante legal, Roberto Hernán Rodríguez Silva, dicho monto no era suficiente para subsanar los problemas que tenían respecto de los ingresos, los cuales eran insuficientes para mantener la operación. Por ello, optaron por no pagar las cotizaciones provisionales y de salud.
El Tribunal Oral en lo Penal de Punta Arenas, tras varios días de juicio, emitió veredicto condenatorio contra Roberto Hernán Rodríguez Silva, por apropiación indebida de cotizaciones provisionales y de salud.
Ayer se realizó la lectura de sentencia, la cual fue leída por el juez Julio Álvarez Toro, indicando que el representante legal de lo que alguna vez se conoció como Vía Austral, deberá cumplir 541 días de presidio menor en su grado mínimo y el pago de una multa de 11 UTM, lo cual son poco más de 700 mil pesos.
Debido a que el sentenciado cumple con los requisitos para una pena sustitutiva, se reemplaza la condena por remisión condicional de la causa, teniendo que someterse a la supervisión de Gendarmería, por el tiempo antes indicado. Pese a ello, igualmente deberá pagar la multa.