El
Juzgado de Garantía de Punta Arenas sentenció a nueve personas que
fueron detenidas tras la “Operación Buenaventura”, un procedimiento
policial que concluyó con la incautación de droga avaluada en 65
millones de pesos.
El
tribunal resolvió que cinco extranjeros fueran expulsados del
territorio nacional, mientras que otros cuatro acusados podrán cumplir
su condena en libertad.
Cocaína, marihuana y éxtasis
La
“Operación Buenaventura” fue una de las investigaciones más complejas
de 2021 que lideró la Fiscalía Local de Punta Arenas respecto del
tráfico de drogas.
Según
la acusación, los convivientes Yhon Gutiérrez Pandale y Leydi Franco
Guerrero lideraban una banda que se dedicaba a la venta de marihuana,
cocaína y éxtasis en Magallanes. Coordinaban el ingreso de la sustancia
con proveedores del norte del país y ocupaban al resto de los acusados
para distribuirla a los consumidores.
Tras
casi 10 meses de investigación, la Brigada Antinarcóticos de la PDI
allanó ocho domicilios, algunos destinados exclusivamente para el acopio
de drogas. Se incautaron casi 2,5 kilos de cocaína, 906 gramos de
marihuana tipo “krippy” y 52 comprimidos de éxtasis.
El procedimiento concluyó con 11 detenidos, pero en los días posteriores cayeron otros integrantes de la banda.
5 expulsados, 4 libres
Nueve
de los 13 miembros de la banda aceptaron las reglas de un juicio
abreviado y fueron condenados por infringir la Ley de Drogas.
El
Juzgado de Garantía de Punta Arenas les impuso cinco años de cárcel a
siete acusados. Sin embargo, sustituyó el modo de cumplimiento para
todos ellos: cinco colombianos que se encuentran en Chile en situación
irregular –entre ellos Gutiérrez Pandale– serán expulsados del
territorio nacional.
Otros
dos extranjeros cumplirán la pena de cinco años a través de la libertad
vigilada intensiva. El Centro de Reinserción Social de Gendarmería debe
diseñarles un programa de intervención individual.
El
único chileno que aceptó las reglas del juicio abreviado fue
sentenciado a tres años de libertad vigilada intensiva. Al igual que
todos los condenados, tendrá que pagar una multa de 20 UTM (cerca de
1.100.000 pesos).
El
noveno acusado fue sentenciado por vender drogas al menudeo. Le
impusieron 541 días de presidio, pero con pena remitida: deberá firmar
mensualmente en dependencias de Gendarmería mientras se prolongue la
sanción.
Los
miembros de la banda que no fueron condenados –entre los que se
encuentra Franco Guerrero– podrían enfrentar un juicio oral. Respecto de
ellos, el Tribunal Oral en lo Penal de Punta Arenas podría condenarlos a
ocho años de cárcel.