La
condena es de 541 días de libertad vigilada intensiva y una multa de
casi 250 mil pesos. Eso tendrá que cumplir Meri González Barría, de 36
años, en cuyo domicilio encontraron 42 plantas de cannabis sativa y casi
600 gramos de marihuana a granel.
Aunque
en un comienzo arriesgaba tres años de cárcel por tráfico de drogas, el
Juzgado de Garantía de Punta Arenas reconoció dos atenuantes en su
condena: irreprochable conducta anterior –la sentenciada no tiene
antecedentes penales– y colaboración con la justicia.
Hechos
El
18 de agosto de 2020, el OS-7 de Carabineros fue a la casa de la
sentenciada, ubicada en Prolongación Pedro Aguirre Cerda. Tenían la
instrucción de la Fiscalía de investigar el lugar, tras haber recibido
una denuncia en el Fono Drogas Nivel 135.
La
dueña del inmueble los dejó entrar voluntariamente. En su registro, los
funcionarios policiales descubrieron 42 plantas de cannabis que crecían
en un sistema de cultivo tipo indoor. En el living comedor se
encontraron dos cajas de cartón que, en su conjunto, sumaban 596 gramos
de marihuana a granel.
La
sustancia –que arrojó coloración positiva de THC– fue incautada, al
igual que los termómetros, ampolletas de sodio y transformadores
utilizados para el sistema indoor.
Una pena en libertad
Al
día siguiente la mujer fue formalizada por tráfico de drogas. El
tribunal determinó que cumpliese con arresto domiciliario nocturno
mientras durase la causa. Cuatro meses después, la Fiscalía presentó su
acusación y solicitó que la imputada fuese castigada con tres años de
cárcel.
Para
acceder a penas más bajas la mujer decidió someterse a las normas del
procedimiento abreviado y admitir su culpa. De este modo se podría
considerar su atenuante de colaboración con el esclarecimiento de los
hechos.
Como la imputada tampoco tiene antecedentes penales, también se podía considerar su irreprochable conducta anterior.
Ayer,
el Juzgado de Garantía de Punta Arenas estuvo en condiciones de dictar
su sentencia. Condenó a la mujer a 541 días de cárcel, pero con remisión
condicional. Es decir, la prisión se sustituye por la libertad vigilada
intensiva, siendo monitoreada por el Centro de Reinserción Social (CRS)
de Gendarmería.
Además fue sentenciada al pago de una multa de 5 UTM (casi 250 mil pesos).