Un año se cumplió este jueves desde que el fuego arrasó por
completo con las oficinas de la AFP Habitat, ubicadas en la esquina de Avenida
Colón con calle Magallanes, en pleno centro de Punta Arenas, lo que ocurrió en
el contexto de los desmanes aislados que se registraban por el estallido social.
De aquel siniestro, la Policía de Investigaciones detuvo en
enero de este año a –hasta ahora- el único autor del hecho. Un destacado estudiante
de la Universidad de Magallanes que ha debido cargar con todo el peso de esta
situación, teniendo en cuenta que muchas otras personas participaron en el
incidente.
Por más de diez meses ha estado encarcelado Marcelo Ignacio Mandujano
Salas, hasta que el pasado martes 13 de octubre comenzó el juicio en su contra,
en el cual el fiscal Felipe Aguirre lo acusó por los delitos de incendio y
desórdenes públicos.
Recién a las 11.30 horas de este viernes, y tras casi 30
días de juicio, los jueces del Tribunal Oral en lo Penal de Punta Arenas
dictaron su veredicto, declarando culpable a Mandujano por ambos delitos.
“Lo que sucedió acá es que hubo varios días de juicio, donde
se presentó una variedad de prueba, incluso el mismo acusado reconoció su
participación en estos delitos, y en ese sentido, más allá de las opiniones
externas que se emitían sin conocimiento sobre lo que estaba pasando, hay que
considerarla de esa forma, pero en cuanto a lo que se vio en el juicio, las
pruebas fueron elocuentes y bastante claras”, sostuvo Aguirre
“Este veredicto era
previsible”
Por otra parte, el defensor Juan Carlos Rebolledo indicó que
el resultado de este veredicto era previsible, sin embargo insistió en sus reproches
hacia los medios probatorios que fueron presentados por el Ministerio Público,
evidencia que calificó como ilegítima.
“Este veredicto para
nosotros era previsible, entendíamos que el escenario era casi seguramente de
condena, pero eso no nos puede quitar el derecho a discutir la valoración de la
prueba aportada por la Fiscalía. Axiológicamente, desde el punto de vista
valórico para la sociedad, no se puede condenar con pruebas mal contenidas, y
acá tenemos de concreto una fotografía de un control de identidad que no
sabemos de dónde salió, una declaración de un testigo sin nombre para
perjudicar a la defensa, y una serie de videos que la señora encargada decía
que venía Pedro, Juan y Diego y se llevaba en un pendrive lo que quería, sin
cadena de custodia, sin orden, sin nada”, cuestionó el abogado.
En ese contexto, el fiscal Aguirre solicitó al Tribunal que
se le imponga al estudiante de la Umag una pena que supera los once años de
cárcel efectiva por ambos delitos.
“Esta es una pena que se pide como una prognosis en base a
los antecedentes que se tienen, pero respecto a las circunstancias concretas
que puedan alegarse, es una labor del Tribunal y no de la Fiscalía, el
determinar la pena. Que se imponga un año más o un año menos, eso no tiene
ninguna relevancia”, enfatizó el persecutor.
Asimismo, aseveró que la investigación para buscar otros
involucrados en este hecho se sigue adelante, y si es que se disponen de los
antecedentes necesarios se realizarán las solicitudes que correspondan.
La discusión de las
atenuantes
En tanto, la defensa pidió que a su representado se le
reconozcan las atenuantes de irreprochable conducta anterior, y la colaboración
sustancial al esclarecimiento de los hechos.
“Esperamos obviamente que se acojan las dos atenuantes, que
se condene con una rebaja de grado de la pena y que a un chiquillo propositivo,
útil, bueno para esta sociedad se le permita cumplir la condena que se le pueda
imponer a través de un sistema de libertad vigilada. Nosotros no estamos porque
al que sea culpable se le deje sin castigo, pero queremos que el castigo sea
proporcional, y desde esa perspectiva nuestra obligación es aceptar lo que está
bien hecho y discutir lo que está mal hecho”, detalló.
Sin embargo, esta última atenuante fue cuestionada por la
parte acusadora, indicando el fiscal que “al inicio del juicio se invocó una
declaración que era en un sentido, pero durante el juicio, la defensa eliminó
todo eso y comenzó a cuestionar todos los elementos, incluso hasta dónde había
sido el incendio, los focos, y todo, y eso no es cooperación porque ésta tiene
que mantenerse en la investigación y en el juicio, y la propia defensa, a pesar
de que el acusado había demostrado esta situación, cambió y cuestionó todos los
puntos”.
“Los policías son
verdaderos cheerleaders del fiscal”
Pese a lo anterior, la espina del defensor en este juicio
fue la prueba testimonial de parte de los funcionarios de la Policía de
Investigaciones y de Carabineros, fundando sus críticas en supuesta falta de
objetividad, contradicciones y correcciones entre los mismos deponentes en las
declaraciones que fueron proporcionadas, tildándolos como “cheerleaders” del
ente persecutor.
“Los policías son verdaderos cheerleaders del fiscal y eso
no puede ser. El policía no está para facilitar un error, una dificultad o una
omisión de la Fiscalía, sino que debiese ser absolutamente objetivo. Las
respuestas que son aisladas o fuera de contexto claramente obedecen a que ellos
se comunican, hacen estos comentarios y lo van estableciendo en toda la
investigación, por mucho que la Fiscalía diga lo contrario nunca salió el
nombre de quién tomó la foto del control de identidad. En los juicios
importantes o grandes son donde se ven y se producen las mayores falencias
investigativas por parte del persecutor”, puntualizó
De esta forma, se comienza a poner el punto final a este
controversial caso judicial, el que lamentablemente cambió en 180 grados la
vida de Marcelo Mandujano, como también la de miles de otras personas que
fueron detenidas producto de la revuelta social, por hacer valer su derecho a
manifestarse en contra de ciertas injusticias de la sociedad actual, pero
desafortunadamente al alero de la violencia y del vandalismo.
La lectura de sentencia se conocerá a las 13,30 horas del
próximo martes 1 de diciembre.