Ayer
el Juzgado de Garantía de Punta Arenas condenó al autor del robo de un
notebook cometido en una vivienda de la Población Cardenal Silva
Henríquez. Si se acogen las solicitudes de pena de la Fiscalía, le
pueden imponer hasta cinco años de cárcel efectiva.
El
delito ocurrió el 30 de agosto de 2019. En horas de la mañana el
acusado Juan Ruiz Subiabre concurrió a un domicilio ubicado en calle
Agustín Barrientos. Se aseguró que los residentes –dos adultos y una
menor de edad– no estuviesen adentro. Después rompió un vidrio aledaño a
una puerta e ingresó por la cocina.
Tras
un registro de las dependencias, el acusado cargó consigo un notebook
marca Acer avaluado en 100 mil pesos, cuya pantalla estaba marcada con
unas letras pintadas en esmalte.
El
hombre se disponía a abandonar la casa con la especie sustraída, pero
una sorpresa lo detuvo en seco: un morador ingresó a la casa y se lo
encontró de frente mientras bajaba las escaleras. La víctima pensó que
el acusado era el amigo de un familiar y no lo detuvo.
El
mismo día del robo, una de las víctimas vio que el notebook se
encontraba a la venta en Yapo. Se contactó por teléfono con el vendedor y
solicitó fotografías, constatando que tenía las letras pintadas en
esmalte. Aunque el contacto fue bloqueado y la publicación se bajó de
internet, la afectada logró obtener los datos del vendedor.
Las diligencias de la PDI lograron dar con la identidad del ofertante
de Yapo: se trataba del sujeto de iniciales C.J.S., quien fue ubicado y
prestó declaración a los detectives. Les dijo que Ruiz Subriabre le
entregó el computador para que lo vendiera.
El hombre que intentó reducir el notebook está acusado de receptación y el juicio en su contra se postergó.
El
ladrón de la especie –que está en prisión preventiva desde septiembre
de 2021– fue sometido a las reglas de un juicio abreviado. Tras aceptar
su responsabilidad en el delito, ayer lo condenaron por robo en lugar
habitado.
La
sentencia en su contra se conocerá el viernes. La Fiscalía pide la
imposición de cinco años de cárcel, mientras que la defensa aboga por
tres años de presidio por la decisión del acusado de renunciar a un
juicio oral.
Aunque
puede variar su extensión, la pena tendrá que ser cumplida de manera
efectiva por los antecedentes penales del acusado, quien registra
condenas previas por delitos contra la propiedad.