Por
tres delitos fue sentenciado un hombre que adulteró un título
profesional para ser contratado en un programa del Gobierno. Ayer, el
Juzgado de Garantía de Punta Arenas dispuso que cumpla con firma mensual
durante tres años y que pague una multa de casi 520 mil pesos.
El
acusado Carlos Plaza Plaza fue contratado junto a otros cinco
profesionales para entregar asistencia técnica en los proyectos de
urbanización, infraestructura y obras de equipamiento a las comunas de
Magallanes. La licitación fue adjudicada a través del Programa de
Mejoramiento de Barrios y contaba con fondos de la Subsecretaría de
Desarrollo Regional (Subdere).
El
encausado trabajó entre enero y abril de 2019. Recibió una remuneración
mensual de 7.200.000 pesos. Sin embargo, la autoridad debió removerlo
de sus funciones pues el título profesional que lo acreditaba como
ingeniero civil de la Universidad de la Serena resultó ser falso.
Según la acusación, el número de
folio del documento correspondía a una persona distinta que egresó de
otra carrera. “Fue adulterado tanto en el nombre como en la profesión,
todo lo anterior en pleno conocimiento del acusado, toda vez que
claramente este sabe que no es ingeniero civil”, dice el libelo.
En un juicio abreviado el tribunal sentenció al imputado por ejercicio ilegal de la profesión, obtención fraudulenta de prestaciones estatales y falsificación de instrumento público.
Aunque le impusieron 540 días de cárcel,
el tribunal consideró que el acusado no tiene antecedentes penales y
colaboró con la justicia al no ir a un juicio oral. Ambas atenuantes le
permitieron acceder a la remisión condicional; en los próximos tres años
el sujeto tendrá que firmar mensualmente en el Centro de Reinserción
Social de Gendarmería.
Además, el hombre tendrá que pagar una multa de 9 UTM (casi 522 mil pesos). Tendrá hasta junio de 2023 para cancelar la cifra.
El tribunal también dispuso que quede inhabilitado para ejercer cargos públicos mientras se prolongue la pena.