Dos
ciudadanos extranjeros que fueron detenidos en la “Operación
Buenaventura” –un procedimiento de la PDI donde se incautaron casi 60
millones de pesos en drogas– fueron sentenciados ayer por el Juzgado de
Garantía de Punta Arenas.
José
Pangalez Mandinga fue condenado a tres años de libertad vigilada
intensiva, mientras que Kelly Aragón Caicedo cumplirá 541 días de pena remitida (firma mensual).
El caso
Según
la acusación de la Fiscalía, los condenados eran miembros de una
agrupación dedicada al ingreso y tráfico de marihuana, cocaína y éxtasis
a Magallanes. La banda estaba liderada por los convivientes Yhon
Gutiérrez Pandale y Leydi Franco Guerrero, quienes coordinaban la
internación de la sustancia con proveedores del norte del país.
Tras casi 11 meses de investigación, la Brigada Antinarcóticos de
la PDI activó la “Operación Buenaventura” el 8 de octubre de 2021.
Allanaron ocho domicilios y arrestaron inicialmente a 11 personas.
En total, la policía incautó casi 2,5 kilos de cocaína, 906 gramos de marihuana tipo “krippy” y 52 comprimidos de éxtasis.
Los condenados
De
acuerdo con la acusación, Pandalez Mandinga fue detenido en el
domicilio que compartía con la pareja que lideraba la banda. También
encontraron su pasaporte en una casa de Villa Las Etnias, donde se
acopiaba droga.
Él
fue condenado a tres años cárcel, pero el tribunal sustituyó la pena
por la libertad vigilada intensiva. Mientras se extienda la pena, tendrá
que someterse a un programa de intervención individual diseñado por
Gendarmería.
Aragón
Caicedo fue detenido en la casa que compartía con su conviviente, quien
ya fue condenado. En el lugar se incautaron casi 760 gramos de cocaína.
Ella
fue sentenciada en su calidad de cómplice de tráfico de drogas y quedó
con una pena remitida. En los próximos 541 días estará sujeta al control
de Gendarmería a través de una firma mensual.
Los dos acusados tendrán que pagar una multa de 10 UTM (cerca de 580 mil pesos).
Causa abierta
Los sentenciados se añaden a otras nueve personas que han sido condenadas por su papel en la “Operación Buenaventura”.
El
28 de julio, el Juzgado de Garantía de Punta Arenas dispuso la
expulsión del país de cinco ciudadanos colombianos, mientras que otros
cuatro quedaron con el beneficio de la libertad vigilada intensiva.
Solo
restan dos imputados que están a la espera de ser enjuiciados. De
acuerdo con lo trascendido ayer, el destino procesal de ambos se
definirá en el Tribunal Oral en lo Penal de Punta Arenas.