De
acuerdo con el veredicto, “las probanzas de cargo –testimonial,
pericial, documental y otros medios– son de la entidad para el
establecimiento, tanto de los hechos que configuran el delito, como la
participación punible del imputado”.
Según
los antecedentes formalizados, los hechos se iniciaron el 2013, cuando
la menor tenía siete años de edad. Los abusos habrían ocurrido al
interior de un domicilio en el sector poniente de Punta Arenas. El
acusado habría aprovechado las instancias a solas con su hija para
realizarle tocamientos de significación sexual.
Los abusos se prolongaron hasta febrero del 2018, cuando la niña ya residía en otra región del país.
El
acusado cumplió con arresto domiciliario nocturno, arraigo regional y
prohibición de acercamiento y todo tipo de contacto a la afectada. El
juicio en su contra se inició el lunes y comparecieron 15 testigos y dos
peritos.
Tras la rendición de pruebas, la sala compuesta por las juezas
Constanza Sutter, Palmira Muñoz y Rosa Luque resolvieron por mayoría
condenar al acusado. La última mencionada fue el voto de minoría; a su
juicio “la prueba de cargo no permitió tener por acreditado la
existencia del hecho y la participación del encartado”.
El
tribunal comunicará la sentencia el 15 de enero. En ella debe precisar
la pena que cumplirá el acusado y las respectivas justificaciones de
condena y absolución.