Ayer
el Juzgado de Garantía de Punta Arenas condenó a Guillermo Berríos
Tolosa, un exfuncionario de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) que trató de
internar 99 pastillas de éxtasis a Magallanes. La droga provenía de la
Región de La Araucanía a través de una encomienda.
La
investigación en su contra comenzó el 4 de febrero. En Villarrica, unos
trabajadores de Correos Chile inspeccionaron un paquete con destino a
Punta Arenas que les parecía sospechoso.
En
su interior había toallas higiénicas que ocultaban casi 100 pastillas
con la leyenda “Peppa Pig” de distintos colores. Se comunicaron con la
Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de Villarrica, quienes
sometieron los comprimidos a una prueba de campo y comprobaron que se
trataba de éxtasis.
El
destinatario de la droga figuraba como “Guillermo Tolosa Berríos”. El
único nombre que figuraba en el Registro Civil correspondía a un hombre
fallecido, pero los funcionarios invirtieron los apellidos y llegaron a
la identidad del imputado, cuyo domicilio –en la Base Aérea de Chabunco–
coincidía con la ciudad de destino.
Para
asegurar el descubrimiento en flagrancia, la Fiscalía Local de
Villarrica autorizó el uso de dos agentes encubiertos de la Brigada
Antinarcóticos, quienes hicieron un seguimiento del paquete.
En
la tarde del 10 de febrero los agentes vieron la llegada del imputado a
la oficina de Correos Chile ubicada en calle Bories. Vestía jeans
cortos, polera negra y su rostro quedaba oculto por su mascarilla y unos
lentes de sol. Cuando retiró la encomienda y se subió a un vehículo,
los funcionarios lo arrestaron e incautaron la droga.
Condenado
El
acusado ha cumplido con arresto domiciliario total desde el día
siguiente de su detención. Ayer se conectó por vía telemática al Juzgado
de Garantía de Punta Arenas y se sometió a un juicio abreviado. Tras
reconocer su responsabilidad en los hechos, el tribunal lo condenó.
El castigo que cumplirá el sujeto se conocerá el próximo martes,
cuando esté redactada la sentencia. Aunque el Ministerio Público
solicita una pena de tres años de cárcel y una multa de 40 UTM (casi 2
millones de pesos), podría cumplir su pena en libertad; la Fiscalía le reconoce las atenuantes de no tener antecedentes penales y de colaborar con la justicia.