En
un día de juicio oral, los jueces del tribunal entregaron un veredicto
condenatorio en contra de un conductor que sin licencia y en estado de
ebriedad provocó una colisión dejando un lesionado grave y daños.
El
fiscal Sebastián González indicó que “Se acusó a un imputado por haber
conducido en estado de ebriedad en el cual estando ebrio no respetó las
señales del tránsito impactando a un taxi, provocando también al chofer
del taxi lesiones graves que lo imposibilitaron de trabajar a lo menos
por tres meses. Él no se entregó voluntariamente y fue perseguido por
funcionarios de Gendarmería que pasaban por el sector. Por ello,
solicitamos una pena de siete años aproximadamente y la inhabilitación
perpetua para que pueda conducir”.
La
sentencia se dará a conocer mañana a las 13 horas, donde la Fiscalía
pide una pena de cinco años de presidio por el manejo en estado de
ebriedad causando lesiones graves, más 800 días por darse a la fuga sin
prestar ayuda al lesionado o dar aviso a la autoridad policial más
cercana de haber participado en un accidente.
De
acuerdo a la acusación del Ministerio Público, el día 18 de noviembre
de 2018, aproximadamente a las 19.15 horas, en circunstancias que el
imputado Hernán Luis Paredes Paredes conducía un vehículo Mazda en
estado de ebriedad y sin licencia de conducir, al llegar a la
intersección de las avenidas Salvador Allende con Martínez de Aldunate
de Punta Arenas, colisionó con el taxi colectivo, conducido por la
víctima Carlos Paillante Paillacar. En esos momentos, el afectado,
descendió del móvil, instante en que el imputado Hernán Luis Paredes
Paredes reinició la marcha del móvil, atropellándolo y dejándolo tendido
en el lugar, procediendo el imputado Paredes Paredes a darse a la fuga
del lugar del accidente. Este hecho fue advertido por personal de
Gendarmería que pasaban en un carro institucional por el sector y
proceden a darle alcance, deteniéndolo y entregarlo a Carabineros.
La
alcoholemia dio como resultado 1.76 gramos de alcohol en la sangre.
Carlos Paillante Paillacar resultó con lesiones de carácter graves
consistente en fractura de cráneo, policontuso, erosiones lumbares y
traumatismo de cadera izquierda, con un tiempo estimado en sanar en más
de tres meses y los daños en su móvil superiores a los 500 mil pesos.
Durante
el juicio, el acusado Hernán Paredes Paredes, entregó su testimonio
señalando que “me siento culpable de haber atropellado a esta persona y
arrepentido por haber cometido un error de haber tomado el volante en
ese momento y tratar de huir. Pido perdón a esta persona que le causé
estos problemas, soy un ser humano y quiero que me entiendan. En el
momento que huía, él se me tiró para detener el vehículo y ahí tuvo la
mala suerte de caer a la calle y sufrió la lesión, lo que yo no vi
porque me fui al estar en estado de ebriedad”.
La
víctima, Carlos Paillacar Paillacar quien declaró tras un biombo,
recordó que “estaba trabajando ese domingo en la línea 800, y el llegar a
esa esquina sigo mi trayecto con tres pasajeros hacia el hospital y me
colisionan en la parte izquierda. En ese momento me bajé a ver los
daños, y cuando voy a encararlo, se notaba que estaba ebrio porque no se
le entendía nada lo que hablaba. Intente sacar la llave de su chapa de
encendido, no lo logré y continué a un costado de su auto para evitar
que se vaya, habré alcanzado andar unos 30 metros tratando de evitar que
se vaya, estaba muy ofuscado porque no quería hacerse responsable. El
auto en un momento salió fuerte, me golpeó, salí lejos y me pegué muy
fuerte en la cabeza”.
El
defensor Guillermo Ibacache, señaló que “la teoría de la defensa en
este caso es que la responsabilidad de las lesiones graves que sufrió se
produjeron por el accionar de la propia víctima, quien intentó
arrojarse al vehículo para evitar
mi representado se fuera del lugar. Acciones que terminaron causando
una caída. Se debe esperar a conocer la sentencia y decidir si se
presentará algún recurso”.
Al
finalizar el juicio, la abogada querellante Natacha Oyarzún,
coordinadora del Centro de Apoyo a Víctimas del Ministerio del Interior,
dijo que “en este caso presentamos apoyo legal y sicológico desde el
inicio de estos hechos. Los perjuicios de este hecho persisten y van a
persistir por mucho tiempo. Hay una afectación hacia él y su familia, ya
que al ser proveedor de ellos le provocó un perjuicio económico al no
poder trabajar. Como querellante pedimos la misma pena que el Ministerio
Público”.