A
través de una salida alternativa, la persecución en contra de una
contadora que se habría apropiado de casi seis millones de pesos pudo
concluir. El Juzgado de Garantía autorizó la suspensión condicional del
procedimiento, pero debe pagar 10 millones de pesos a sus empleadoras.
La
imputada –identificada como María Inés Caipillán Hermosilla– trabajó
como contadora de dos hostales de Punta Arenas y tenía una relación con
sus jefas desde el 2012. Según la acusación, entre febrero de 2016 y
julio de 2017 les solicitó un total de 5.955.629 de pesos para realizar
el pago mensual del IVA al Servicio de Impuestos Internos (SII).
Las
víctimas entregaron los dineros en transferencias electrónicas y
efectivo. De acuerdo con el Ministerio Público, la imputada “nunca
realizó en los meses señalados el pago de impuestos que le fue
encomendado, apropiándose indebidamente de esos fondos”.
Para
que las afectadas no se percatasen del engaño, la contadora habría
exhibido certificados de declaración mensual –el “Formulario 29”–
falseados.
Las
víctimas se dieron cuenta de la apropiación de sus recursos a través de
un llamado de la Tesorería General de la República y se querellaron en
contra de la imputada. “Todo esto ha ocasionado problemas serios que se
han traducido en asumir millonarias deudas por tributos no pagados”,
dice la acción judicial.
En febrero del 2019 el Ministerio Público formalizó a la contadora por apropiación indebida y el tribunal le impuso el arraigo regional, una medida cautelar que cumplió durante casi dos años y medio.
Ayer la causa quedó suspendida a través de un acuerdo entre la Fiscalía, el abogado de
las víctimas y la defensa. La imputada tiene hasta el 10 de octubre
para pagar tres millones de pesos a sus empleadoras. Después debe
cancelar otros siete millones en 20 cuotas.
Si
la contadora repara monetariamente a las víctimas y cumple con informar
sus cambios de domicilio durante un año, la causa se extingue y quedará
sobreseída.