Un extenso informe de auditoría, elaborado por la Contraloría regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, a través de la Unidad de Control Externo, dio cuenta del estado de la infraestructura de los establecimientos educacionales y de los proyectos en ejecución, en distintos establecimientos comunales.
Es así que, en cumplimiento del plan anual de fiscalización de este Órgano de Control para el año 2023, y en conformidad con lo establecido en el artículo 95 y siguientes de la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, y el artículo 54 del decreto ley N° 1.263, de 1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado, se efectuó esta auditoría al estado de la infraestructura de los establecimientos educacionales que imparten educación básica y media, dependientes de la Corporación Municipal de Educación, Salud y Menores de Puerto Natales.
El informe número 863 de 86 páginas, titulado “Informe Final Corporación Municipal de Educación, Salud y Menores de Puerto Natales”, con fecha 29 de diciembre de 2023 el cual fue remitido al Consejo de Defensa del Estado, detalla un sinnúmero de irregularidades detectadas, entras las que se destaca, en primer lugar, que los antecedentes fueron enviados al Ministerio Publico y Consejo de Defensa del Estado, para los fines que estime pertinente, por el pago de partidas de cámaras HCV al mismo contratista en proyectos distintos por una diferencia de $12.000.000.
También se detectaron proyectos de evacuación de aguas lluvias en el Liceo Luis Cruz Martínez y Liceo Gabriela Mistral, sin memoria de cálculo, ensayos de infiltraciones, y estudios de ingeniería, deficiente estado de extintores y redes húmedas en los establecimientos educacionales, recintos educacionales con deficiencia en el estado de mantenimiento de infraestructura, pisos, muros, cielos, baños, duchas, ente otros.
Otros proyectos
Junto con lo anterior, se evidenciaron montos de proyectos a ejecutar por un total de $897.974.000 y se han pagado hasta el momento $691.226.000, con un 83% del total y no consta en ningún lado que la diferencia por pagar de $206.748.000 esté en las cuentas corrientes de la corporación y estos fondos ya fueron entregados por las instituciones que otorgaron estos proyectos.
Del mismo modo, en el informe se establece que “se remitió correo electrónico con las observaciones y falta de documentación con fecha 14 de noviembre de 2023 a la Corporación y luego se reiteraron las consultas con fecha 20 de noviembre de 2023 y no hubo respuesta por parte de la Cormunat, respondiendo las observaciones o entregando la documentación faltante”.
Documentaciones inexistentes
Siguiendo con otros puntos relevantes, el informe de auditoría detalla que “no existe documentación de planificación ni un programa de mantenimiento y conservación de los inmuebles ni un presupuesto para ejecutar trabajos de mantención y reparación, o existencia de una unidad a cargo de estos trabajos, dando cuenta de la falta de planificación para la mantención de los establecimientos educacionales”.
Otros puntos darían cuenta de falta de declaración de instalaciones de gas internas, registro de calderas y operador calificado, además de las declaraciones por instalaciones eléctricas interiores en los establecimientos educacionales, contraviniendo las exigencias establecidas por la Ley, funcionando todo este tiempo al margen de lo establecido.
Con respecto al proyecto del Liceo Bicentenario Luis Cruz Martínez, se le otorgó un aumento de plazo sin la fundamentación y documentación que pueda justificar este aumento del plazo, contraviniendo los principios de transparencia y libre competencia.
Finalmente, los establecimientos educacionales se encuentran funcionando sin la documentación de acreditación del acto administrativo que otorga la capacidad de funcionamiento por nivel para los recintos educacionales, el cual debe ser emitido por la seremi de Educación y el no contar con este acto administrativo, incluso es motivo para impedir el adecuado funcionamiento de los establecimientos educacionales.
De este modo, existe un plazo de 60 días hábiles para que el cumplimiento de las acciones correctivas requeridas sea informado por las unidades responsables a la Unidad de Control de esa corporación, a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo de Contraloría General de la República.