Este lunes el Juzgado de Garantía de Punta Arenas comunicó el castigo que
cumplirán los dos contratistas que prestaron trabajos a la V División
del Ejército a través del pago de coimas. Pagarán una multa de 400 mil
pesos y quedarán bajo la observación del Centro de Reinserción Social
(CRS) de Gendarmería durante un año.
Jorge
Villegas y José Paredes fueron condenados por fraude al Fisco. Entre el
2009 y 2010 fueron contactados por el exjefe de Finanzas de la V
División, teniente coronel Marco Espinoza, para que abultasen sus
cotizaciones y que un excedente fuese a parar al militar.
Los contratistas repararon la techumbre
del cuartel general, las dependencias de maestranzas y las canaletas
del Regimiento Logístico N° 5, entre otras tareas. Los proyectos se
adjudicaban a través de la intermediación del teniente coronel.
Según
la acusación del Ministerio Público, se emitieron diez facturas por más
de 70 millones de pesos, pero con un favor a cambio. 12.000.000 de
pesos fueron depositados a la cuenta bancaria de un funcionario civil
del Ejército, quien se los hizo llegar al teniente coronel Espinoza.
Actualmente
el militar cumple con prisión preventiva en el Batallón de Policía
Militar de Peñalolén. La ministra en visita Romy Rutherford –que
investiga los fraudes al Fisco en el Ejército– lo sometió a proceso por
el desvío de 73 millones de pesos.
Sus dos exsocios se sometieron a un procedimiento abreviado.
Los contratistas arriesgaban una multa de 1.270.000 pesos –el 10% de lo
defraudado– y 300 días de cárcel. Sin embargo, el tribunal reconoció
dos atenuantes a su favor: irreprochable conducta anterior y
colaboración con la justicia.
De
este modo, la pena en prisión se sustituyó por su cumplimiento en
libertad. Durante un año el CRS de Gendarmería debe vigilarlos a través
de la firma mensual. Además, la multa se rebajó a
$400 mil y tendrán
hasta abril de 2022 para pagarla. Además no podrán cumplir cargos u
oficios públicos mientras dure la condena.
Tras leerse la sentencia, se levantó la medida cautelar de arraigo nacional que pesó sobre los acusados desde el 27 de mayo.