La reciente querella por injurias presentada por el gobernador Jorge Flies reactivó las tensiones internas en el Consejo Regional (CORE) y volvió a poner en debate la capacidad de fiscalización en Magallanes. La defensa de Alejandro Riquelme, querellado por la autoridad, cuestionó el uso de abogados del Gobierno Regional (GORE) para una acción de carácter personal, tema que se encuentra bajo análisis en la Contraloría General de la República (CGR).
En paralelo, consejeros regionales han presentado denuncias ante la Contraloría por el presunto uso irregular de recursos públicos en el GORE. Sin embargo, aseguran que no han recibido respuesta, lo que consideran una señal preocupante.
Consejeros acusan falta de respuesta de Contraloría
Los consejeros Rodolfo Arecheta y Max Salas manifestaron su molestia por la ausencia de pronunciamientos del órgano contralor.
Afirmó que las denuncias “pasan en banda” y que no existen respuestas sobre temas que calificó como “muy graves”.
Por su parte, Salas señaló que el problema no se relaciona con criterios de interpretación, sino con la total falta de respuesta, situación que —dijo— paraliza su labor fiscalizadora.
Preocupación por eventual “aval” a irregularidades
El CORE advirtió que el silencio de la Contraloría podría terminar “avalando” prácticas que consideran irregulares, especialmente en lo relativo al uso de recursos públicos y la representación jurídica del gobernador.
Ante esta situación, el Consejo Regional está evaluando iniciar acciones formales para forzar un pronunciamiento de la Contraloría, al considerar que la demora es “injustificada” y afecta directamente su rol fiscalizador.