Esta
semana, la Corte de Apelaciones de Punta Arenas confirmó dos sentencias
en contra de condenados por delitos sexuales. A menos que sus
defensores recurran a la Corte Suprema, los sujetos tendrán que cumplir
con sus penas.
El
tribunal de alzada se pronunció respecto al caso de R.E.T., un adulto
de 43 años que violó a una madre y su hija simultáneamente. Ambas
padecen de discapacidad intelectual y eran vecinas del sujeto.
A
fines de julio, el sujeto fue condenado a 10 años de cárcel por
violación y estupro. En su sentencia, el tribunal oral falló que atacó a
las víctimas “aprovechándose de su condición de retardo mental
moderado, que le impide ejercer voluntad en el ámbito de su libertad
sexual”.
La
defensa recurrió ante la Corte para que se hiciese un nuevo juicio.
Alegaron que los jueces sentenciaron hechos que excedían a la acusación
del Ministerio Público. Sin embargo, el tribunal de alzada rechazó su
recurso.
Otro
caso confirmado por el máximo tribunal regional fue el de V.M.T., un
taxista que realizó tocamientos de connotación sexual contra su
hijastra. Los abusos ocurrieron cuando la madre de la víctima había ido
al hospital, pero cuando regresó vio a su hija violentada.
El
19 de julio, el tribunal oral lo condenó a cinco años de cárcel. La
defensa apeló a la Corte para rebajar la pena a tres años; según ellos,
no concurría la agravante de abuso de confianza que fue acogida por los
jueces.
Nuevamente,
el tribunal de alzada rechazó el recurso de la defensa. Confirmaron que
el padrastro está en una situación “más ventajosa para la ejecución del
delito, en razón que existe un vínculo que lo une a la víctima y que
deja a ésta en una situación de asimetría respecto de aquel”.