El
imputado está recluido en el Centro de Detención Preventiva (CDP) de
Natales desde el 28 de diciembre, tras ser formalizado por malversación
de caudales, uso malicioso de documento público y ejercicio ilegal de la
profesión.
Para
justificar la imposición de la prisión preventiva, el juez Jorge Lavín
resolvió que constaban los cobros y giros que hizo el imputado. También
consideró la reiteración de la malversación, el número de delitos y la
imposibilidad de acceder a penas sustitutivas.
Descontenta
con el fallo, la defensa de Sobarzo Ojeda –representada por el abogado
Pablo Chandía– recurrió a la Corte de Apelaciones. En su alegato
presentó el registro de los movimientos de la cuenta corriente de la
Corporación Cultural, entre otros documentos.
En la audiencia también alegaron los representantes de la fiscalía, el Consejo de Defensa del Estado y la municipalidad.
Finalmente,
el tribunal de alzada se confirmó la resolución del juez Lavín y
mantuvo la prisión preventiva. De acuerdo al fallo –votado de manera
unánime–, se tuvo en cuenta “la gravedad de la pena, el número de
delitos que se imputan, el carácter de los mismos, la existencia de
procesos pendientes por delitos similares y la necesidad de cautela”.