El
caso del Avión Hércules C-130, el cual se desplomó el 9 de diciembre de
2019 en el Mar de Drake y cobró la vida de 38 personas (tanto civiles
como militares), cuenta con una nueva arista judicial, ya que el Juzgado
de Garantía de Punta Arenas rechazó la solicitud de dos defensas que
buscaban declarar inadmisibles la ampliación de tres querellas
presentadas por familiares de víctimas del fatal accidente.
Esta
causa tiene por objetivo indagar si hubo o no participación y delito en
las comunicaciones entregadas por el Centro de Operación Aérea, COA a
la Dirección General de Aeronáutica Civil, DGAC, por quienes estaban
encargados de monitorear el trayecto de la aeronave, lo que habría
retrasado decretar las alertas y consecuentes tareas de rescate.
Junto
a su equipo de trabajo, el fiscal regional, Eugenio Campos, dirige una
exhaustiva investigación, luego de que el avión se precipitara, mientras
viajaba desde Punta Arenas hacia la Base Aérea Presidente Eduardo Frei, en una misión multipropósito, en el marco de la Campaña Antártica de la Fuerza Aérea de Chile.
Debido
a las acciones anteriores, el 21 de febrero fueron formalizados como
autores de cuasidelito de homicidio, el general en retiro Eduardo
Mosqueira Cruz y los oficiales Julio Ojeda Puig, Marcelo Mella Bertetti y
Allan Asenjo Contreras, en el marco de la investigación iniciada por la
Fiscalía, fijándose ocho meses para la investigación del hecho.