De forma unánime, esta semana la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley que excluye que las personas sentenciadas por
agresiones sexuales contra menores puedan tener la posibilidad de
obtener alguna rebaja en su condena, reforma que ahora deberá ser vista
por el Senado.
En la normativa se detallan los delitos de
secuestro o sustracción de menores con violación, torturas y apremios
ilegítimos, trato cruel, inhumano o degradante con violación o abuso
sexual agravado, violación de persona mayor y menor de 14 años, estupro,
abuso sexual, almacenamiento, producción y comercialización de
pornografía infantil, facilitación de la prostitución infantil y trata
calificada de personas, en relación a la explotación sexual.
Al
respecto, el defensor penal penitenciario de Magallanes, Pablo Chandía,
manifestó que a pesar de que el debate legislativo de los
parlamentarios parezca ser una “buena intención” al imponer un mayor
castigo a los condenados, lo que se está pretendiendo –desde su punto de
vista- es evadir “lo que realmente importa, que es la prevención”.
“Quienes realmente trabajamos en el sistema penitenciario,
hablamos de los funcionarios de Gendarmería y los Defensores Penales
Penitenciarios, sabemos que con este tipo de políticas no favorecen en
nada para disminuir el nivel de delincuencia, sino que solamente supone
un gasto excesivo para el estado y para todos los ciudadanos”, sostuvo.
Chandía
además recalcó que existe un desentendimiento de los sectores políticos
al creer que imponer más castigo y aumentar las penas, no ayuda nada.
“Es
tan simple como pensar que el delincuente no quiere que lo pillen,
entonces da lo mismo si hay penas excesivamente altas, si la finalidad
de la delincuencia es aprovecharse de algo sin ser castigado. Además, se
les olvida derechamente el deber de respetar tratados internacionales
por lo que no sería extraño ver a la comunidad internacional criticando
el actuar de Chile en esta materia. Entonces, a pesar de que tratan de
enviar un mensaje hacia la ciudadanía, el debate es el equivocado, no va
en la línea correcta y no logrará evitar que sigan existiendo delitos
sexuales”, enfatizó.
En
este sentido, recordó que el Estado ha suscrito pactos de carácter
internacional como la Convención Interamericana de Derechos Humanos, o
los pactos de San José de Costa Rica o el de Derechos Civiles y Políticos, ratificado en 1974.
“Estos pactos, de rango superior a las leyes comunes para algunos, están plenamente vigentes
y toda la legislación nacional conforme lo dispone el art. 5 de la
Constitución se deben respetar, es decir, toda la legislación nacional
se debe someter a ellos en cuanto pudieren afectar garantías
fundamentales de las personas”, acotó.
Aseveró que a raíz de todas estas
disposiciones han nacido una serie de reformas y mejoras como la
Reforma Procesal Penal, el avance en los recintos penitenciarios en
Chile, la
obligación de disponer de una segregación al interior de los complejos,
impidiendo el contacto entre imputados y condenados, mujeres y hombres,
entre muchas otras situaciones.
“Todo
esto, en materia de derechos de personas privadas de libertad, ha
llevado que Chile reconozca expresamente un deber estatal ante otros
estados, cual es el deber de reinserción de las personas condenadas. Por
esa razón existen los beneficios intrapenitenciarios, la ley de rebaja
de condenas, la libertad condicional e incluso el indulto se mantiene
vigente”, señaló, indicando además que la legislación vigente va en la
dirección de reinsertar a quienes están privados de libertad.
Finalizó
recalcando que una serie de estudios estadísticos han demostrado que
Chile ha reducido considerablemente su nivel de reincidencia, y de
acuerdo a datos de Gendarmería desde el año 2013 al 2019, la tasa de
reincidencia de delitos sexuales se ha movido en torno al 4,8 y 6% una
tasa mínima si se considera el número total de condenados que hay en el
país.