El
mes pasado sesionó la Comisión de Libertades Condicionales de Punta
Arenas. El grupo –presidido por la presidenta de la Corte de
Apelaciones, ministra Marta Jimena Pinto, e integrado por jueces del
tribunal oral y de garantía– entregó 10 beneficios penitenciarios de las
57 solicitudes revisadas.
Los
reos pudieron abandonar la cárcel por tener un buen comportamiento
penitenciario, un informe de Gendarmería favorable y tener más de la
mitad de la pena cumplida, entre otros requisitos.
En
el caso de 10 internos que no pudieron acceder al beneficio, la
Defensoría Penal Pública (DPP) presentó un recurso de amparo por cada
uno de ellos para que la Corte de Apelaciones de Punta Arenas pueda
revisar su situación.
Los
amparados cumplen condena por violación, abuso sexual y robo, entre
otros. Los recursos de la DPP argumentan que los rechazos de la comisión
fueron arbitrarios e ilegales, pues han tenido una favorable evolución
en los recintos penales.
Un amparado por homicidio
Uno
de ellos está recluido por homicidio simple y lesiones menos graves. La
fecha de término de su condena está fijada para el 2025. A mediados de
octubre se revisó su solicitud a la libertad condicional, pero se
rechazó por el informe técnico de Gendarmería.
“El
postulante presenta un riesgo alto de reincidencia, múltiples delitos
contra la autoridad, contra las personas, integridad sexual y salud
pública. No presenta conciencia del delito, minimiza su actuar y rechaza
el daño causado”, decidió la comisión.
Según
la Defensoría, los informes de Gendarmería son solo un instrumento
orientador. Además el reo “ha conseguido significativos avances en su
proceso de reinserción”, como cursos de especialización e incluso un
emprendimiento de madera que tiene el apoyo de Fosis.