Esta
semana un hombre acaparó la atención de la opinión pública, ya que
pasada las seis de la mañana del jueves, protagonizó un hecho donde fue
necesario un amplio despliegue policial, incluyendo al Grupo de
Operaciones Especiales (GOPE).
El
sujeto agredió a su pareja, le arrebata al hijo de tres años que tienen
en común, y mientras tenía a este en un brazo, con su mano libre agarra
un cuchillo cocinero, tomando una actitud amenazante hacia la persona
del niño. Al notar la presencia de Carabineros se parapetó en el
recinto, siendo posteriormente detenido gracias a que el personal
policial ingresó al inmueble. El hombre en todo momento se comportaba de
forma errática y hablaba incoherencias.
Ese
mismo día pasó a control de detención, pero no pudo ser formalizado
porque estaba visiblemente descompensado, gritó y lloró en los calabozos
y sala del Tribunal. Se amplió su detención para la jornada de ayer,
donde se efectuó el proceso judicial.
“Se
formalizó la investigación por dos delitos de amenazas uno en contra de
la conviviente y el otro en contra del menor de edad, lesiones menos
graves en contra de la mujer, ambas en contexto de violencia
intrafamiliar, y esta tentativa de sustracción de menor. Nosotros
pedimos prisión preventiva como petición principal, junto con las
medidas cautelares especiales de obligación de abandono de hogar común,
prohibición de acercamiento a las víctimas. Y en subsidio, arresto
domiciliario más estas mismas medidas cautelares especiales. El
Tribunal, luego de la discusión y oposición de la defensa, decretó
arraigo regional, la prohibición de acercamiento a las víctimas y el
abandono del hogar común. Se solicitó oficiar al Tribunal de Familia
respecto de la situación, para que también conozcan desde su perspectiva
esta causa, donde un niño de 3 años se vio afectado, el cual estaba al
cuidado de su madre y padre en este domicilio, por lo tanto se hizo para
que resuelvan su situación proteccional”, dijo la fiscal Romina
Moscoso, quien estuvo en representación del Ministerio Público.
Salud del imputado
El
hombre aparentemente estaría sufriendo de una descompensación mental.
En la audiencia, se entregaron varios antecedentes respecto a ello. Una
vez que se amplió su detención, fue trasladado a la cárcel de Punta
Arenas, donde alteró el orden del lugar, teniendo que ser trasladado al
Hospital Clínico de Magallanes, donde fue internado y evaluado.
La
víctima en su declaración, aseguró que el sujeto llevaba varios días
comportándose de forma errática, dejó de salir y pasó un par de noches
sin dormir.
A
raíz de lo descrito por la víctima y Carabineros que efectuaron la
detención, se sospechaba de una enfermedad mental o al menos de un
episodio psicótico, lo cual haría que el sujeto fuera inimputable. Eso
fue lo que intentó plantear la defensa solicitando que se suspendiera el
procedimiento porque creían que habían antecedentes suficientes para
validar el hecho de que el hombre estaba bajo una enajenación mental, la
Fiscalía se opuso porque el informe médico no daba ningún diagnóstico
de salud mental, solamente aseguraba una afectación psicomotora. Ante
ello, el Tribunal rechazó la petición de la defensa y el proceso pudo
continuar.
Otro
antecedente que podría explicar su actuar, es un supuesto cuadro de
abstinencia señalado por la Fiscalía, porque se mencionó que el imputado
era un activo consumidor de drogas y alcohol, pero hace casi un mes
había dejado todo.
Cabe explicar que la audiencia se pudo realizar porque el sujeto fue dado de alta por el personal médico especializado.
La defensa
El sujeto fue formalizado por
amenazas y lesiones menos graves, ambas en contexto de violencia
intrafamiliar, al igual que sustracción en grado de tentativo. En este
último punto se enfocó la defensa.
“Señalamos
al Tribunal que al ser mi cliente el padre del menor de edad, no era
una persona que podía cometer este delito, porque él también, junto a la
madre, tenía el cuidado personal del niño. Esto a propósito de
modificaciones que año atrás existió en la legislación civil, donde en
definitiva el cuidado de los niños se comparte. El Tribunal atiende esto
y rechaza la prisión preventiva, decreta medidas cautelares, pero no se
priva la libertad de mi cliente”, dijo el abogado defensor Leonardo
Vallejos.
Antes de finalizar la audiencia, se decretó un plazo de investigación de 90 días.