Ayer
la Defensoría Penal Pública de Magallanes entregó datos respecto de la
labor de la institución, en el primer semestre de 2023.
En
la primera parte de este año, han tenido 1.542 ingresos, siendo un 25%
más que en 2022 (1.229), pero muy parecido al 2018, donde hubo 1.564
ingresos. Este último análisis, según dijo la defensora regional,
Verónica Reyes, junto a otros datos, es un reflejo de que se está
volviendo a la normalidad, ya que en 2018 es tomando como referencia, ya
que el 2019, 2020, 2021 y 2022, hubo variantes fuera de la normalidad
que modificaron las cifras.
Como
se dijo, un total de 1.542 personas han sido defendidas por la
institución, siendo 1.133 de Punta Arenas, 278 de Puerto Natales, 119 de
Porvenir y 12 de Puerto Williams. De estos, 1.254 son hombres (81,32%) y 288 mujeres (18,62%).
Del
total, el 93% son chilenos, los 7% restantes son extranjeros, liderando
las cifras las personas de nacionalidad colombiana con 76, le siguen
venezolana con 9, argentina con 8 y dominicana con 3. Luego solamente se
registran dos individuos de nacionalidad paraguaya, china, peruana y
ecuatoriana. Boliviana, uruguaya, inglesa y otra, registra solamente
uno. De estos, 87 son hombres y 21 mujeres.
A
lo que se refiere los defendidos en el primer semestre de 2023, 70 han
terminado en prisión preventiva, cifra menor a la del 2018, la cual
registra 163.
En
total son 1.846 los delitos ingresados (las personas en su mayoría
cometen más de un ilícito), siendo el mayor de estos aquellos ligados a
la Ley de Tránsito con 415, lesiones con 386, actos ilegales que atentan
contra la libertad o intimidad de las personas con 269, ilícitos contra
la propiedad con 114, económicos y tributarios con 100 y otros delitos
con 562.
De igual manera se informa la inclusión de un defensor para la comuna de Natales. El
puesto quedó en manos de Rigoberto Marín Andrade, abogado de la
Universidad Mayor, se desempeñó como defensor penitenciario de Valdivia,
defensor local en Puerto Montt; defensor penal juvenil en Osorno y
defensor penal en Temuco.
También
se anunció al jefe de Estudios subrogante de la Defensoría Regional,
Rodrigo Lillo Vera, abogado de la Universidad Diego Portales, quien es
especialista en derechos humanos en el contexto del sistema penal,
privación de libertad y grupos vulnerados, con experiencia en
litigación, investigación y docencia.