Lo
que se inició como un procedimiento por violencia intrafamiliar (VIF)
concluyó con un funcionario de Carabineros agredido con un hacha. Aunque
la Fiscalía pidió que el presunto autor fuese enviado a la cárcel, el
tribunal le impuso el arraigo regional por ser paciente psiquiátrico.
Los
hechos ocurrieron en una parcela de Pampa Redonda. Pasadas las 19 horas
la madre del imputado –que tiene 75 años– escuchó ruidos afuera de su
casa. Se trataba de su hijo, que tenía una orden de alejamiento hacia
ella e impuesta por el Juzgado de Familia.
El
hombre ingresó con patadas a la puerta del domicilio y habría amenazado
de muerte. La madre llamó por teléfono a su hija, quien concretó la
denuncia a Carabineros.
Los
funcionarios llegaron pasadas las 20 horas. Registraron el inmueble
junto a la denunciante y su pareja, pero no había rastro del imputado.
El
recorrido concluyó en una bodega. Aunque estaba cerrada con candado,
una de sus ventanas lucía fracturada. Al interior se escondía el
procesado, quien se negaba a salir de la dependencia: “Los voy a matar
al que entre”, dijo según el parte policial.
La
víctima trajo las llaves del candado y Carabineros ingresó. De acuerdo a
la denuncia, el imputado tenía un hacha y un martillo en cada mano.
Como reiteraba sus amenazas, un cabo desenfundó su arma de servicio y
–mientras lo apuntaba– le instó a que soltase las herramientas. El
sujeto hizo caso omiso y arrojó el hacha contra el tórax del
funcionario, quien no resultó lesionado porque tenía su chaleco
antibalas.
Ayer el individuo quedó a disposición
del Juzgado de Garantía. El Ministerio Público le comunicó que sería
investigado por amenazas contra Carabineros y maltrato de obras, además
de amenazas contra su madre y desacato.
La
defensa solicitó que la causa quedase suspendida por los problemas de
salud mental que aquejan al imputado. El Servicio Médico Legal se habría
pronunciado sobre la situación en causas anteriores.
El
tribunal accedió a suspender el procedimiento. Ofició a la unidad
psiquiátrica del Hospital Clínico de Magallanes para que atiendan al
procesado y se enviaron los antecedentes al SML. Además instruyó que se
asigne un curador ad litem de la Corporación de Asistencia Judicial
(CAJ).
De todos modos, el juzgado impuso el arraigo regional y una nueva prohibición de acercamiento a la madre.