Un
intenso debate se generó hace una semana, cuando el Tribunal Oral en lo
Penal de Punta Arenas resolviera reprogramar nuevamente los juicios
orales para el mes de septiembre luego que se extendiera el estado de
excepción constitucional de catástrofe por 90 días más, determinación
que fue controvertida por el Ministerio Público, que reclamaba para que
estas audiencias se efectuaran por videoconferencia, y así
descongestionar la sobrecarga de causas pendientes, entre otros
factores.
Precisamente,
durante la jornada de este jueves, se realizó una audiencia para
definir la fecha de un juicio que deberán enfrentar seis imputados –de
los cuales cinco están presos- y que integran una banda criminal
transnacional que fue acusada por la Fiscalía por el delito de tráfico
de drogas, arriesgando todos ellos la pena de diez años de cárcel
efectiva.
Pese
a que se había establecido fervientemente que los juicios se retomarían
en el noveno mes del año, ayer se llegó a un acuerdo entre el fiscal
Manuel Soto y los defensores Marcos Ibacache, Pablo Santander, Guillermo
Ibacache, Leonardo Vallejos y Ramón Bórquez, para que esta audiencia
considerada como de “urgencia calificada”, se realice el próximo lunes
27 de julio, teniendo en cuenta que estaba agendada para el mes de
noviembre. La novedad es que se llevará a cabo a través de la modalidad
semipresencial.
Al
respecto, el persecutor indicó que “en general, siempre la postura del
Ministerio Público es, primero, hacer el juicio oral y no aplazarlo más,
para darle protección, seguridad y certeza a las víctimas y testigos,
de lo que tenemos que velar, como también por los imputados porque esta
situación coarta las posibilidades del mismo imputado de poder postular a
su absolución, en algunos casos”.
Por otra parte, el abogado Marcos Ibacache explicó que “yo
pedí que el juicio no se postergara. El defensor Bórquez se allanó a la
solicitud pero pidió que se tomara las medidas para que el juicio fuera
presencial y no de forma remota. El Tribunal resolvió en primer término
mantener la fecha original
del 27 de julio y no hacerlo en la nueva fecha del 6 de noviembre, y
más adelante se comunicarán las medidas que se van a tomar para intentar
que la audiencia sea de forma presencial, lo cual no se había hecho
hasta ahora desde que empezó la crisis sanitaria”.
En
ese sentido, el magistrado Guillermo Cádiz detalló que la concurrencia
de forma presencial durante el desarrollo de este juicio se aplicará al
menos para la declaración de cada uno de los imputados y para la
rendición de las pruebas, en la forma y condiciones que el Tribunal
detallará oportunamente.
“Esta
última resolución se adoptó calificando expresamente la audiencia como
una urgencia calificada, de acuerdo al artículo 19 del acta 53 de la
Corte Suprema, atendida la cantidad de imputados privados de libertad y
la entidad de las penas que arriesgan”, complementó.
Otro caso
Cabe señalar que en otra causa, también por tráfico de drogas, se resolvió proceder
del mismo modo, adelantando el juicio para el próximo lunes 13 de
julio, sin embargo, en este otro caso que involucra a un tecnólogo
médico del Hospital Clínico de Magallanes acusado de abandonar un
paquete de cocaína en un avión, el modo será mediante la plataforma
remota Zoom.