Dos funcionarias del Ministerio Público presentaron una querella
contra el fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, por el delito
de apremios ilegítimos y abusos contra particulares. Acusan que se les realizaron preguntas relacionadas a su vida íntima y se les mantuvo en interrogatorios por más de ocho horas, sin descansos.
El persecutor se encargaba de la diligencias investigativas contra el
fiscal regional Emiliano Arias y los hechos habrían ocurrido el 3 de
mayo de 2019, en dependencias de la Fiscalia Regional de O’Higgins.
Una de las afectadas detalló que Campos le consultó si es que el fiscal Arias habría sido el motivo por el término de una relación sentimental que ella sostuvo con un funcionario del Ministerio Público, algo que rechazó tajantemente.
Además, aseguró que el tipo de preguntas que le realizó Campos fueron efectuadas por su calidad de mujer y que tras el interrogatorio, que según señala duró cerca de 8 horas, terminó llorando.
La presidenta de la Asociación de Funcionarios de la Fiscalia Centro
Norte, Macarena Pino, se refirió a esta presentación y explicó las
causas de ella. Aseguró que los actos del fiscal Campos fueron
vejatorios.
“La asociación de funcionarios generó una presentación al tribunal, que es una querella por apremios ilegítimos,
que en este caso en mayo del año pasado, se tomaron declaraciones por
la arista penal que investigaba el caso del fiscal regional de
Rancagua”, sostuvo.
Asimsimo, agregó que “durante las tomas de declaración, él hizo
preguntas que tenían que ver con su vida íntima, tomas de declaración de
ocho horas sin derecho a ningún lapso de descanso que para nosotros son
actos vejatorios”.
Las funcionarias acusaron además que luego de presentar los
antecedentes ante el fiscal nacional Jorge Abbott, este les informó que “el
consejo general del Ministerio Público, decidió desestimar que se
tratara de una denuncia respecto de hechos constitutivos de delitos, además de rechazar las solicitudes de instruir una investigación administrativa”.
En la misma línea, aseguraron que esto constituiría una falta penal por “omisión de denuncia”. Por ahora será el Tribunal de Garantía de Rancagua quien deberá pronunciarse sobre la admisibilidad de esta acción judicial.
BIOBIO CHILE