Dueños de inmueble arrendado a AFP se querellaron contra único imputado en incendio

Una
querella criminal presentó la sociedad propietaria del terreno donde se
emplazaba la AFP Hábitat, en contra del único imputado en el incendio
que destruyó el inmueble en el mes de noviembre del año pasado, luego de
las protestas en el contexto del estallido social en el país.

La
Sociedad Las Violetas S.A. patrocinadas por los abogados Pablo Inhen y
Mauricio Sandoval, presentó una querella criminal en el Juzgado de
Garantía de Punta Arenas, en contra del imputado Marcelo Mandujano
Salas, y en contra de todos quienes resulten responsables en la autoría
del delito de incendio. Esto por tratarse de un terreno de propiedad de
la sociedad querellante, desde 1995.

El
imputado Marcelo Ignacio Mandujano Salas, de 24 años, se encuentra en
prisión preventiva luego de ser formalizado por su participación en los
hechos que ocurrieron el 12 de noviembre del año pasado, cuando en horas
de la noche y en el contexto de las manifestaciones sociales con
barricadas incendiarias, pasadas las 20.00 horas, junto a otros dos
sujetos con mascarillas y una mujer, caminaron a la altura de la segunda
compañía de Bomberos por Avenida Colón. A través de cámaras se
determinó que el imputado con guantes rojos llegó hasta la AFP Habitat
alrededor de las 21.00 horas, ingresó al local donde forzó las
protecciones metálicas que cubrían las ventanas y puertas de acceso de
la AFP. La mujer sujetó la plancha de metal permitiendo el ingreso de
los sujetos, entre ellos el imputado logrando sacar desde el interior
especies y mobiliario para trasladar a una barricada incendiaria ubicada
en la esquina de Avenida Colon con Magallanes.

Luego
de esto, el imputado continuó realizando desórdenes y al llegar a la
barricada tomaron una plancha en llamas y la arrastraron hasta la AFP
Habitat, y con la ayuda de otros sujetos la introdujeron al inmueble
comenzando el incendio que destruyó el local, momento que el imputado
junto a

un hombre con mascarilla salieron del lugar. Como consecuencia de la
acción, se produjo un incendio de grandes proporciones que dejó el lugar
con daños totales, poniendo en peligro otros edificios y obstaculizando
además el accionar de bomberos cuando, según los querellantes, se
sumaron a un grupo de manifestantes que lanzó piedras a los voluntarios.

El avalúo del edificio es de 400 millones de pesos.

Con
esta acción judicial, la sociedad afectada solicita ser parte de esta
causa, solicitando diversas diligencias, entre ellas que se dé orden de
investigar a la Policía de Investigaciones sobre estos hechos.

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