Como
si fuese un efecto dominó, nuevamente un exalumno de la Universidad de
Magallanes (Umag) al que le negaron iniciar su proceso de titulación por
una deuda arancelaria recurrió a la justicia para que se ordene la
tramitación y entrega de su título.
Esta
vez interpuso una acción Víctor Leuquén Vargas, quien estudió Técnico
en Análisis Financiero entre el 2011 y el 2014. Luego defendió su tesis y
aprobó con nota 6,7. Era el momento de iniciar la tramitación de su
título. Escribió un correo a la Dirección de Admisión, Registro y
Titulación, pero la respuesta lo descolocó: “El proceso de titulación es
solo para los alumnos que no registran deuda en Tesorería”, le dijeron
según el recurso.
De
acuerdo a la acción, el exalumno mantiene una deuda de casi 5.800.000
pesos, un monto que debe repactar con la universidad a través de cuotas,
previo al pago del 10% de lo debido. Además, le informaron que debe
cerca de 78 mil pesos a la biblioteca por el retraso de una entrega.
“Debo
seguir el procedimiento de repactación que me impone la misma
recurrida, negándome con este acto de manera perentoria el título al que
tengo derecho por haber cumplido y concluido con todos los requisitos
académicos para obtenerlo”, lamenta el exalumno.
El
recurso de protección se interpone en contra del rector Juan Oyarzo
Pérez. Solicita que la Corte de Apelaciones ordene la tramitación y
entrega del título al recurrente en un plazo máximo de 10 días.
Otro caso
El
recurso se presenta casi una semana después que la Corte de Apelaciones
de Punta Arenas acogiera el recurso de protección de Laura Villarroel
Alvarado, una exestudiante de Derecho a la que también condicionaron su
titulación por una deuda arancelaria.
En
ese caso la exalumna adeuda casi 42 millones de pesos al Fondo
Solidario de Crédito Universitario. La Umag la obligó a repactar el
monto para que obtuviese su licenciatura en Ciencias Jurídicas, pero la
Corte de Apelaciones estimó que la acción era arbitraria e ilegal.
“La
recurrente tiene el derecho a completar su proceso de titulación –pese a
la existencia de una deuda por concepto de arancel– por cuanto el
derecho a la educación considera la etapa de titulación universitaria”,
resolvieron los magistrados en esa oportunidad.