El
desfalco de casi 1.400 millones a dos navieras administradas por
Sociedad Navarino S. A. le costó caro al exjefe de contabilidad de la
firma, Juan Reyes Navarro. Ayer, el Tribunal Oral en lo Penal de Punta
Arenas lo condenó a ocho años de cárcel efectiva por estafa reiterada.
El
extesorero, José Soto Díaz, fue sentenciado a cuatro años de libertad
vigilada intensiva. Él y su coimputado también fueron condenados a la
restitución de los montos desviados.
Hechos
Los acusados enfrentaron el juicio por las estafas perpetradas entre 2013 y 2018. En ese entonces trabajaban en Navarino S. A., una sociedad que administra las finanzas de los crucero Vía y Geo Australis.
En
su calidad de tesorero, el acusado Soto Díaz tenía que confeccionar y
girar los cheques de las empresas, mientras que su coimputado debía
supervisarlo.
De
acuerdo al Ministerio Público, “previamente concertados y de manera
reiterada, aprovechando la confianza en ellos depositada y los poderes
otorgados a razón de sus cargos, procedieron a confeccionar y girar los
cheques de las cuentas corrientes de las empresas afectadas, simulando
para el respaldo de los mismos la existencia de supuestas deudas con
proveedores”.
Los
ejecutivos engañaron a trabajadores de las empresas afectadas para que
firmaran los cheques, los cuales no tenían la expresión “al portador”.
De este modo quedaban abiertos y podían cobrarse personalmente.
La
operación se reiteró en 280 oportunidades y dio generosos dividendos.
Vía Australis tuvo perjuicios ascendentes a 871 millones de pesos,
mientras que Geo Australis fue defraudada en 480 millones, aproximadamente. La sociedad que administraba a ambas empresas, Navarino S. A., perdió dos millones de pesos.
Condenados
En un extenso juicio, el fiscal Sebastián González Morales logró acreditar la responsabilidad de los acusados en un delito de estafa reiterada.
En
primera instancia, Reyes Navarro tendrá que cumplir los ocho años de
cárcel en el Complejo Penitenciario de Punta Arenas. Le abonaron los 707
días que estuvo con arresto domiciliario nocturno.
Su
coimputado queda con cuatro años de libertad vigilada intensiva. Es
decir, deberá someterse a un programa de intervención individual que
diseñe el Centro de Reinserción Social de Gendarmería.
Aunque
se rechazó la demanda por daño moral que interpuso la parte
querellante, el tribunal dio por acreditado el daño emergente provocado
por los acusados. Por ello, fueron condenados al pago de los montos
desviados a cada una de las empresas.
Las partes tienen un plazo de 10 días para recurrir a la Corte de Apelaciones de Punta Arenas.