La
empresa de transportes Inversiones Australes tendrá que pagar sobre 400
millones de pesos a los 32 empleados que fueron desvinculados tras
perder su concesión con el Estado.
En
dos sentencias –una de ellas ejecutoriada el viernes pasado–, el
Juzgado de Letras del Trabajo de Punta Arenas resolvió que los despidos
son injustificados y condenó a la entidad a pagar una serie de
indemnizaciones, feriados y cotizaciones previsionales.
Las demandas
Casi
todos los demandantes fueron contratados en enero del 2017 para
trabajar en labores de conducción, mecánica y aseo de los buses de
locomoción colectiva. Sus contratos tenían carácter de indefinidos, pues
fueron incluidos a partir del contrato de Subsidio al Transporte que
suscribió Inversiones Australes con el Ministerio de Transportes.
Pero,
la empresa comenzó a incumplir con las estipulaciones contractuales con
sus empleados desde 2018. No se pagaron las cotizaciones previsionales,
ni de salud. Tampoco, se cancelaron los feriados proporcionales, ni las
horas extras. En el caso de los choferes, se enfrentaron al mal estado
de los buses.
La
licitación tenía vigencia hasta enero de 2022, pero el Estado decidió
ponerle fin anticipadamente. Tras perder el contrato, la empresa
despidió a 14 empleados por la causal de “caso fortuito o fuerza mayor” y
a otros 18, sin cancelar sus cotizaciones.
Demandas
Patrocinados
por el abogado Ramón Ibáñez, los afectados interpusieron dos demandas
en octubre y noviembre de 2020 para que les pagasen sus indemnizaciones.
“Una es por nulidad del despido, atendido a que no se encontraban
pagadas las cotizaciones previsionales. La otra causa la iniciamos por
autodespido”, precisa.
Las
audiencias de juicio de una de las demandas se realizaron entre junio y
octubre del año pasado. En noviembre, tuvieron un fallo favorable y el
Juzgado de Letras del Trabajo de Punta Arenas resolvió que sus despidos
eran injustificados.
La segunda causa –por no pago de indemnizaciones– también concluyó
con un fallo favorable. En la sentencia ejecutoriada el viernes pasado,
la jueza Claudia Ortiz resolvió que “los despidos son nulos, por tanto,
se condena a la demandada a pagar a los trabajadores y trabajadoras las
remuneraciones determinadas”.
Respecto
de los montos que tendrá que pagar la empresa, el abogado Ibáñez señala
que “en conjunto, ambas causas superan los $400 millones, pero
desgraciadamente nosotros solo alcanzamos a retener $105 millones del
Ministerio de Transportes”.