Empresa se querella por hurto de casi 230 kilos de salmón avaluado en $2,4 millones

Una
salmonera presentó acciones legales en contra de quienes resulten
responsables del hurto de casi 230 kilos de pescado en una de sus
plantas.

La
sustracción ocurrió en una planta de Chile Seafoods que se ubica en
Barranco Amarillo, en el norte de Punta Arenas. El 30 y 31 de diciembre
del 2021 se hizo un inventario del recurso y se concluyó que faltaban 15
cajas con filete de salmón.

Se
hizo una revisión de las cámaras de seguridad y descubrieron un
movimiento anómalo registrado el 29 de diciembre. En horas de la
madrugada, un hombre con capucha negra se dirigió a las cámaras de
almacenamiento y movió una cámara con la ayuda de un mango. Después
cargó las cajas hacia la zona del pediluvio en reiteradas ocasiones.

Los equipos de seguridad
también captaron al guardia de turno. Él también se dirigió a la zona
de almacenamiento en el mismo horario que el encapuchado, pero ingresó
desde una dirección distinta.

El
movimiento de ambos se perdió entre el sector de baños y casinos, que
están cerca del sitio de la sustracción y no cuentan con cámaras.

La
salmonera se reunió con la empresa subcontratada de seguridad para
abordar la situación. Según la querella, el guardia de turno desconoció
su participación en el hurto, “argumentando que no vio ni escuchó nada”.

Cada
caja sustraída contenía casi 15 kilos de filete de salmón. Los 1.000
gramos de producto se venden a 13 dólares en el mercado. Es decir, el
valor del botín hurtado se acerca a los 2,4 millones de pesos.

Esta
no sería la primera vez que la planta en Barranco Amarillo de Chile
Seafoods sufre el hurto de salmón. De acuerdo a la querella, el
inventario del período septiembre-octubre registró una pérdida de stock
de 450 kilos de filete. Sin embargo, en ese período no contaban con
cámaras de vigilancia.

Con
el registro en mano, la empresa presentó la querella ante el Juzgado de
Garantía de Punta Arenas para que se indague a los responsables de un
eventual delito de hurto agravado. Solicitan que el Ministerio Público
despache una orden de investigar a la PDI y que se cite a declarar al
guardia de seguridad para “aportar antecedentes relativos al
establecimiento del hecho punible”.

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