El
domingo se conmemora un año desde el Estallido Social, fecha en que las
calles de todo el país se repletaron de personas para manifestarse a
favor de un cambio social debido al alto costo de la vida, las bajas
pensiones, los elevados precios de algunos fármacos y de los
tratamientos de salud, además del rechazo generalizado a toda la clase
política y al descrédito institucional acumulado durante los últimos
años, incluyendo la Constitución.
Como
corolario de este despertar, ocurrieron graves episodios delictuales y
desmanes que empañaron la protesta social, evidenciando múltiples hechos
de destrucción de la propiedad pública y privada en todo el país. No
obstante, también el actuar desmedido de las Fuerzas Armadas y de Orden
generó un fuerte cuestionamiento al proceder policial, contabilizándose
más de 3 mil personas lesionadas por el uso de la fuerza.
En este sentido, el equipo regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), durante
la crisis social, realizó 27 observaciones a manifestaciones, 46
visitas a comisarías y 19 a recintos de salud, presentando ante los
Juzgados de Garantía de la región 26 querellas por violación a los
derechos humanos (DD.HH.) respecto de 29 víctimas. La mayoría de éstas
son hombres (13 casos) y hay 10 casos correspondientes a niños y
adolescentes, también 5 casos corresponden a mujeres y 1 caso
correspondiente a una niña adolescente.
Las
acciones penales que se presentaron en Magallanes fueron dirigidas en
contra de funcionarios de Carabineros (24 casos), del Ejército (1) y la
Policía de Investigaciones (1), por los delitos de apremios ilegítimos
(20 casos), tortura (2 casos) y abusos contra particulares (4 casos).
Asimismo, según se señaló en el Informe Anual INDH 2019, se detalló que
en estas causas no se está en presencia de simples abusos ni de hechos
de carácter aislados, sino que frente a actos de vulneración de los
DD.HH. que se reiteraron en el tiempo y en el espacio.
En
este contexto, el jefe regional del INDH, Cristian Figueroa advirtió
que, a un año del inicio del Estallido Social, no se ha realizado
ninguna formalización de la investigación respecto de las querellas por
violación de los Derechos Humanos en nuestra región.
“Debemos
demostrar que aprendimos de los errores del pasado. Para esto se deben
establecer medidas que garanticen la no repetición de los hechos, lo que
debe traducirse en la articulación del aparato estatal, mediante leyes y
políticas públicas que aseguren la más absoluta protección de los
Derechos Humanos, así como también la implementación de medidas para la
preservación de la memoria histórica. Necesitamos avanzar de manera más
acelerada en la profunda y necesaria reforma a Carabineros de Chile.
También impulsar mejores protocolos y procesos de selección,
capacitación y perfeccionamiento de todos sus funcionarios y que
efectivamente sean estos cumplidos”, sostuvo.